La Corte Suprema de Justicia nombrará juez que llevará caso contra dos diputados

Tegucigalpa, Honduras
La llamada “fe de erratas” con la que el Congreso Nacional enmendó una ley aprobada que beneficiaba a diputados acusados por la Fiscalía se llevó de encuentro a otros dos diputados.

Durante los últimos cuatro meses la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), en conjunto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), investigó ese incidente y el jueves judicializó el caso llamándolo “Pacto de impunidad”.

Dos requerimientos fiscales en contra de los diputados del Partido Nacional, Román Villeda Aguilar y Tomás Zambrano Molina, se presentaron el jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

Para la Maccih, el 11 de diciembre de 2017 se originó el caso del “Pacto de impunidad” cuando presentaron requerimiento fiscal en contra de cinco exdiputados del Congreso Nacional y tres cómplices por el delito de malversación de caudales públicos.

VEA: Ufecic interpone requerimiento contra dos diputados

Al encontrarse en trámite la audiencia inicial contra los imputados, el CN modificó por adición la Ley del Presupuesto 2018 el pasado 18 de enero, pero se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, lo cual produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.

Ante los señalamientos de la misión internacional, la Secretaría del Poder Legislativo emitió una fe de erratas el pasado 25 de enero, argumentando que lo ocurrido sería producto de un “simple error”.

A inicios de marzo pasado, un grupo de congresistas en su mayoría del PN, se apersonaron a la sede de la Ufecic a conocer sobre las investigaciones de las que eran objeto.

Más tarde, seis actuales diputados y una exparlamentaria fueron citados para que rindieran su declaración sobre la figura legal con la que se enmendó los “errores” en artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto del presente año fiscal.

De allí se deriva la acusación por falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos de la fe pública.

Posteriormente, cada uno de ellos testificó ante fiscales que llegaron hasta la sede del Congreso.

Conductas delictivas
Los equipos integrados de investigación y persecución penal hallaron indicios suficientes de que los ahora requeridos “habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos así como los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos”, subraya una nota de prensa emitida por la Maccih.

El director de comunicación institucional de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que se recepcionó el acto procesal contra uno de los vicepresidentes y secretario del CN.

“Dentro del requerimiento lo que se está solicitando por parte del Ministerio Público es que se cite a los ciudadanos en la debida forma a efecto de comparecer cuando ya estén conformados el juez natural y las demás instancias que deberán conocer este tipo de expediente dado a su condición de altos funcionarios del Estado”, explicó.

Duarte puntualizó que este requerimiento fiscal debe ser conocido por el pleno de magistrados de la Corte, el cual se reuniría no el próximo lunes, sino entre el 29 o 30 de este mes debido a compromisos adquiridos anteriormente.