Tras el anuncio de la Corte Federal de Manhattan sobre la implicación de policías hondureños en varios ilícitos, estos son los puntos claves sobre este nuevo escándalo que traspasa las fronteras nacionales.
Los policías Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez son los señalados por parte del gobierno de los Estados Unidos.
De acuerdo a la acusación, los uniformados -algunos ya separados de la institución- participaron y apoyaron las actividades de tráfico de droga, entre algunos, Fabio Porfirio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Estas son las claves en este caso que involucra efectivos policiales hondureños:
1. Seis policías hondureños acusados por parte de la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, armas y hechos relacionados.
2. El hijo del expresidente José Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Fabio Lobo habría sido el topo tras declararse culpable de todos esos cargos.
3. A los uniformados se les acusa de haber traficado drogas por diez países entre Venezuela, Colombia y Honduras rumbo a Estados Unidos.
4. Se estipula en la acusación que Lobo habría tenido nexos con el Cártel de Sinaloa en México, para poder hacer el traspaso a Estados Unidos. Dicha mafia mexicana al mando del ahora capturado Joaquín el Chapo Guzmán.
5. Zelaya Romero (39) Mejía Vargas (46) Ávila Meza (45), Zavala Velásquez (44), López Flores (43) y Cruz Chávez (39), han sido acusados de:
1) Conspirar por importar cocaína a los Estados Unidos,
2) Conspirar para usar y llevar armas de fuego durante y en relación con, y poseer armas de fuego en cumplimiento de, la conspiración en la importación de cocaína.
Zelaya Romero también está acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y la operación.
Si es declarado culpable, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y los restantes acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Los acusados siguen en libertad.
