TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles 26 de julio, se convocó a los diputados a una sesión en el Congreso Nacional, donde se discutirá la polémica “Ley para la protección de los usuarios de las Telecomunicaciones”. La ley se someterá a su tercer y último debate, pero existen diferencias significativas entre las bancadas de las principales fuerzas políticas que deberán ser abordadas dentro del Hemiciclo.
En ese sentido, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, ordenó que la comisión de Seguridad, encabezada por el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, sostenga este día una reunión con los congresistas para aclarar distintos aspectos del polémico proyecto.
Por su parte, el jefe de bancada del partido de gobierno, Rafael Sarmiento, explicó que la ley busca “crear un registro y una base de datos para que todos los hondureños o extranjeros que utilizan telefonía celular en Honduras” y ayudar a combatir la criminalidad en el país.
“Cada quien porte un número de teléfono celular en Honduras pueda ser responsable de lo que ahí se emita”, agregó Sarmiento.
En ese sentido, reiteró que con la base de datos se ayudará a “controlar y dificultar el acceso para las bandas y el crimen organizado que hacen el delito de extorsión y que le hacen daño a la mediana empresa en el país”.
Asimismo, calificó los cuestionamientos de la oposición como “politiquería” y aseguró que se “oponen por oponerse, sin hacer un análisis previo”, pues reveló que la ley se hizo por las reiteradas denuncias del sector transporte, uno de los rubros más afectados por el flagelo de la extorsión.
También recordó que la “Ley de Escuchas Telefónicas” se aprobó en el año 2011, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, según decreto 243-2011.
Partido Nacional asegura que no acompañarán el proyecto
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ha vuelto a reiterar que la solicitud de información sin una orden judicial, viola las garantías constitucionales que protegen la privacidad de las personas.
Zambrano recordó que ya existe una ley de la intervención de las comunicaciones, pero que se ocupa una orden judicial para que “le puedan investigar su celular”.
“Sin orden judicial no la vamos a acompañar. Libre no escucha al pueblo y quiere escuchar ilegalmente los mensajes y llamadas de la población”, aseguró el congresista por el departamento de Valle.
Además, hizo hincapié que tienen que eliminar estos artículos (23, 25 y 26 donde se podrá acceder a la base de datos sin la autorización de un juez).
Recomendó que se pueden “redactar de manera más clara los artículos” para que únicamente se investiguen los delitos de criminalidad organizada.
Partido Liberal reiteró orden judicial para revisión de comunicaciones
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, aseguró que en su partido sólo estarían de acuerdo con una orden constitucional.
Reveló que la bancada liberalista todavía no tiene una postura y que se encuentran en análisis de la ley.
Recordó que de acuerdo al artículo 100 de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho a la viabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial...”, por lo que la ley entra en controversia.
“Estamos dispuestos a crear mecanismos para terminar contra la extorsión, pero por orden de un juez y que debe existir un perito”, reiteró Segura.
Bancada del PSH: “Esperamos llegar a consensos”
En representación de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza aseguró que “el objeto principal de esta ley es facilitar la investigación de los delitos”.
Además, dijo que se espera a llegar a consensos y siguiendo la línea del Partido Nacional, recomendó que el proyecto se precise más en sus términos y se asegure de que funcione como una herramienta eficaz para el Ministerio Público en la investigación de delitos como la extorsión.
Enfatizó que apoyarán el proyecto siempre y cuando las recomendaciones de su bancada sean tomadas en cuenta.
Por su parte, su correligionario, Carlos Umaña, consideró que el artículo 23, violenta la privacidad sin una orden judicial.
“El artículo 23 otorga demasiados poderes a la Secretaría de Seguridad para que ingresen a nuestra privacidad sin una orden judicial previa. Cualquiera va a poder venir y pedir esa información, hay que modificarlo, que sea siempre por una orden judicial o una lista establecida de delitos”, señaló.
