TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La intención del Congreso Nacional de reformar la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ha generado una nueva controversia en distintos sectores que luchan contra la corrupción en Honduras.
La alerta fue elevada por congresistas de la Bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), que aseguran que el proyecto de decreto busca beneficiar a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y lavadores de activos.
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Presuntamente, la iniciativa busca asegurar bienes pero sin desplazamiento, es decir que los imputados podrían seguir haciendo uso de ellos pese a la acusación.
Fuentes oficiales del Congreso Nacional consultadas por EL HERALDO manifestaron que no existe en la Secretaría ningún tipo de iniciativa que pretenda reformar la Ley de Privación de Dominio.
En 2018, la Presidencia de la República vetó una serie de reformas a esta legislación que habían sido aprobadas por el Poder Legislativo.
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“Si retrocedemos con la ley de incautación de dominio, vamos a permitir que las organizaciones criminales se fortalezcan”, declaró en 2018 el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz.
Para Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), “de aprobarse las reformas a la Ley de Privación de Dominio, no solo se beneficiaría a los corruptos, sino a todo tipo de criminalidad, especialmente a aquellos que adquieren bienes con fondos provenientes del narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos”. Por su parte, el abogado penalista Raúl Suazo arguyó que “una cosas es la privación de domino de un bien y otra asegurar un bien para que no pueda la persona traspasar o donarlo, ese ha sido el gran problema, porque en el país se han destruido empresas, familias, por lo que esta ley ha causado perjuros”.
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Otros analistas consultados por EL HERALDO coinciden en que la Ley de Privación de Dominio es inconstitucional porque vulnera el principio de inocencia de los imputados, que está establecido en la Constitución de la República. En manos de la Sala Constitucional existen una serie de recursos contra esa normativa, pero no han sido resueltos. “La ley es inconstitucional en muchos de sus articulados, debe ser revisada y reformada”, planteó el abogado Andrés Urtecho.
