TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En libertad se defenderá la la exministra de Salud (2014-2017), Yolani Batres, acusada de un millonario fraude en perjuicio del Estado por la adquisición de un software durante su administración.
Dicha medida se otorgará luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara “con lugar” el recurso de amparo interpuesto por su abogaa Doris Madrid donde solicitaba medidas distintas a la detención judicial.
Madrid, confirmó el cambio de medidas asegurando que en el expediente número 589-23 “fue admitido el amparo”.
“El amparo se interpuso por violación de garantías constitucionales en el debido proceso”, opinó en los medios de comunicación la profesional del derecho.
En dicha resolución, la Corte de Apelaciones de los Penal con Competencia en Materia de Corrupción ordenaba la suspensión provisional de las medidas de prisión preventiva otorgadas a la exfuncionaria el pasado -14 de marzo-.
Es así que Batres se defenderá en libertad lo que queda de su proceso judicial en su contra, a la espera que se le dicte una sentencia condenatoria por el millonario fraude del que se le acusa.
Millonario perjuicio por adjudicación de software en Secretaría de Salud
La exministra Batres, junto a otras seis personas, serían parte de una presunta red de corrupción, que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00), mediante la adjudicación nueve contratos de consultorías y diseños de Software.
Dichos programas estaban orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud. Procedimiento que según las autoridades, fue realizado de manera fraudulenta e irregular.
En la supuesta de red de corrupción también están involucrados la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez. Todos actualmente con auto de formal procesamiento, según lo informado por las autoridades.
De acuerdo a lo revelado por las investigaciones, se comprobó que las contrataciones de la consultoría del diseño del software se dieron “en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto”.
Según lo expuso, el procedimiento de adjudicación de contratos se realizó presuntamente favoreciendo a personas naturales y “empresas de maletín”, en los que se incorporó información falsa en torno a compañías que nunca participaron como oferentes en la consultoría, tratando de dar una apariencia falsa que habían cotizado con varias empresas a fin de obtener “la oferta más favorable a la administración pública”, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público (MP).
Las empresas que presuntamente resultaron beneficiadas fueron: ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural.
En ese sentido, se concluyó que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo sería de un 90 por ciento aproximadamente, según las investigaciones realizadas, realizando un millonario perjuicio en contra del Estado de Honduras.
