TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aseguró que las supuestas evidencias presentadas por el director del Servicio Administrador de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en contra de varios empresarios a los que acusa de haber sido beneficiados con exoneraciones no son pruebas contundentes, pues es el Ministerio Público el que debe validarlas y hacer las acusaciones respectivas.
Además, cuestionó la forma en la que Ochoa llegó al Ministerio Público, a bordo de un camión cargado de cajas en las que presuntamente llevaba documentos que probarían al menos tres casos en los que se cometieron delitos como violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas.
El gerente de Empresas Sostenibles del Cohep, Gabriel Molina, dijo en una conferencia de prensa que “lo que hoy (miércoles) vimos fue un circo, un mitin político, un show, que no genera certidumbre. Ese mal uso de los recursos públicos pudieron haberlos invertido en pizarras, en útiles escolares para las escuelas, pero no... ahí vimos un montón de cajas que no pesaban nada, pero vamos a ver si tienen esas 20 mil hojas”.
Y es que en una conferencia de prensa impartida por Marlon Ochoa afuera del Ministerio Público, para la cual llevó el podio con las siglas del SAR, aseguró que en las cajas iban más de 20 mil páginas de evidencias, que incluirían declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia, entre otras cosas.
Sin embargo, los representantes del Cohep, que lo habían retado a presentarse a interponer la denuncia con pruebas y que escucharon en primera fila el comunicado que leyó Ochoa, dijeron no estar conformes, pues él ejemplificó tres casos que vincularían a tres empresarios, pero no al Cohep como ente rector de la empresa privada en Honduras y lo que ellos quieren es que les demuestre los señalamientos que hizo en su contra el pasado 6 de septiembre, cuando utilizó su cuenta de X (antes conocida como Twitter) para asegurar que: Honduras está controlada por una mafia de 10 familias exoneradas representadas por el Cohep, que a través de su brazo narcopolítico BOC (Bloque de Oposición Ciudadana), busca imponer su fiscal de la impunidad”.
“Esperábamos que Marlon Ochoa mantuviera la coherencia de la acusación que presentó inicialmente en contra del Cohep. Él hizo dos acusaciones, una en contra del Cohep ‘por ser un brazo narcopolítico’ y otra en contra de 10 familias. Las acusaciones en contra de 10 familias, esas familias se van a tener que defender en el marco de lo que prevee la Constitución, pero la acusación en contra del Cohep es la acusación contra una persona jurídica y él no tuvo el valor de sostenerla, de presentar las pruebas públicamente y eso solo evidencia la irresponsabilidad que lo caracteriza a él y a otros funcionarios públicos que abandonaron sus funciones hoy para venir a este espectáculo político que han montado”, sostuvo también el abogado Rafael Jeréz, asesor legal del Cohep.
Además, Jeréz adelantó que de no demostrarlo en los próximos días y si el Cohep así lo considera, podría proceder legalmente en su contra por la difamación.
De igual manera, Armando Urtecho, directivo de la Iniciativa Privada del Cohep, cuestionó que si estas solo son pruebas contra algunos empresarios no era lo que le pidieron presentar, ya que en ese caso cada uno de ellos debe defenderse por aparte, pues el Cohep solo busca defender su honor como organización y dijo de forma irónica que “está bueno el show”.
¿De qué son las denuncias?
Y es que Marlon Ochoa adelantó en qué consisten las evidencias que llevó este miércoles al Ministerio Público, indicando que son tres casos:
El primero de ellos sería contra una empresa a la que acusa de importar un helicóptero sin pagar impuesto y que luego lo utilizó para transportar a la familia dueña de la empresa y a sus amistades.
El segundo caso sería acerca de un grupo económico al que señala de usar su influencia y conexiones, tanto con el Congreso Nacional, como con un exministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, para lograr “de forma corrupta” la aprobación de tres decretos y de una resolución con el fin trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa en Zona Libre (ZOLI) a otras en el Régimen de Importación Temporal (RIT), con el fin de evitar el pago de todos los impuestos.
Y finalmente, la tercera denuncia consiste en que según Ochoa, una empresa multinacional habría utilizado su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso, a través de la interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras.
