Tegucigalpa, Honduras.- Abuso de autoridad, usurpación y traición a la patria son algunos de los delitos que el cuestionado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presuntamente ha cometido en sus más de mil días de gestión en el Poder Legislativo, según expertos constitucionales y la oposición política.
Desde mandar a sancionar la adhesión de Honduras a un banco internacional con la mayoría de diputados en contra hasta decidir si una moción procede o no, son las atribuciones que Redondo se ha adjudicado ilegalmente en el Congreso.
A criterio de los mismos congresistas, él ha violentado el artículo 205 de la Constitución, que en síntesis establece las potestades y atribuciones que tienen los diputados en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, coinciden que ha lacerado la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que en su artículo 63 indica que “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por el voto de la simple mayoría de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención. Ningún diputado podrá excusarse de emitir su voto”.
Para la diputada liberal Maribel Espinoza, el nivel de desconocimiento de Redondo es alto: “Ni siquiera es abogado y es lamentable que, sin serlo, pretenda mediante cartas hacer análisis que atropellen las leyes y que, como consecuencia, cometa delitos”.
Entre las ilegalidades, según entrevistados, está la usurpación de los 128 diputados o de su mayoría simple (65 votos) o mayoría calificada (86).
Por ejemplo, el 28 de julio de 2023, Honduras se unió a la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuya adhesión se realizó pese a que solo se obtuvieron 50 votos para su aprobación, cuando se requerían, como mínimo, 65.
El día de la votación, 70 congresistas se opusieron y, aun así, Luis Redondo mandó a sancionar el decreto al Poder Ejecutivo, y una vez sancionado, se publicó en el diario oficial La Gaceta. En ese entonces, expertos calificaron este acto como “un golpe técnico al Congreso Nacional”.
“Usurpó el poder de cada uno de los diputados, y eso sería causal suficiente para que los mismos diputados lo llamen a juicio político, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Juicio Político”, declaró el experto constitucional Oliver Erazo.
Ese mismo año, pero en noviembre, Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que fue instalada de forma paralela la noche del 31 de octubre, impusieron a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto.
La elección sucedió en un marco crítico debido a que Daniel Sibrián, ante la salida de Óscar Chinchilla, asumió como fiscal general del Estado.
