TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial están gozando de sus últimas horas en libertad condicional. Mañana a las 9:00 de la mañana fueron citados por la jueza que lleva su caso para notificarles la suspensión de las medidas sustitutivas contrarias a la prisión preventiva.
Por determinación de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, los imputados deberán estar recluidos. Esa audiencia estaba prevista para realizarse desde el viernes pasado, pero por los trámites administrativos que se siguen será hasta el miércoles.
Tanto los apoderados legales como los togados deben presentarse a la audiencia de notificación de cambio de medidas que se realizará en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción.
También se conoció que al finalizar esa audiencia los exconcejales serían enviados al Primer Batallón de Infantería. Este lunes, el expediente llegó al Juzgado Penal proveniente de la Corte de Apelaciones, ambos en materia de corrupción.
Desde el 14 de abril, que se realizó la audiencia inicial, los imputados se defendían en libertad. El Ministerio Público (MP) los acusa por más 600 delitos de corrupción en el desvío de 13.5 millones de lempiras del presupuesto del Poder Judicial en su gestión.
Los imputados son el expresidente del extinto Consejo de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, y el exvicepresidente Teodoro Bonilla. Asimismo los exconcejales Liliam Maldonado, Celino Aguilera, José Francisco Quiroz y Julio Barahona.
El miércoles pasado se conoció que la Corte de Apelaciones declaró sin lugar un recurso de reposición que interpusieron los apoderados legales y ratificó la revocación de las medidas.
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Otro recurso
Los apoderados legales de dos togados se presentaron ayer a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Germán Amador, apoderado legal del exconcejal Celino Aguilera, manifestó que el fallo de la Corte de Apelaciones está fuera de todo contexto legal.
Los abogados Nilia Ramos y Félix Ávila también interpusieron la acción. Lo único que podría salvar a los exconcejales de ir a prisión es que la Sala Constitucional resuelva el amparo antes de que se realice la audiencia.
Esa situación sería inusual debido a que solo para que se admita el recurso tarda entre 24 y 48 horas. Luego sigue un proceso de análisis de los expedientes que puede demorar varios días para determinar si declara ha lugar a favor de los imputados o no.
Si el órgano judicial resuelve el amparo con suspensión del acto reclamado los imputados no irán a prisión o si ya están recluidos recuperarán su libertad condicional.
