Tegucigalpa, Honduras. – Tras el operativo realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ordenado por el fiscal general Johel Zelaya el 28 de noviembre en el Congreso Nacional, con el objetivo de decomisar documentación vinculada a irregularidades denunciadas en 2022, comenzaron a circular rumores de que el gobierno estaría buscando disolver el Congreso Nacional (CN), aprovechando las acciones del Ministerio Público (MP).
La precandidata del Partido Liberal, Maribel Espinoza, aclaró a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que no existe ningún mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional.
Cabe señalar que el operativo de la ATIC resultó en la detención del asesor legal del presidente del Congreso, Luis Redondo, René Adán Tomé, así como de cuatro miembros del personal de seguridad de ese poder del Estado.
Espinoza también señaló que la fuerza pública está constituida por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Preventiva, y que no pueden irrumpir en los edificios del Congreso Nacional por la fuerza.
Sin embargo, recalcó que los fiscales tienen libre acceso a todas las oficinas públicas en el marco de sus investigaciones, junto con sus agentes de investigación.
“Es importante destacar que el Ministerio Público puede investigar a cualquier persona y, durante el proceso, puede incautar documentos relacionados con la investigación, independientemente de su ubicación, incluso si se encuentran dentro del Congreso Nacional”, agregó Espinoza.
Finalmente, Espinoza enfatizó que, para que el Congreso Nacional sea disuelto, se requeriría un acto arbitrario o de fuerza, algo que solo podría ser llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, lo que constituiría un golpe de Estado con graves consecuencias penales para aquellos que alienten o ejecuten tal acto.
“Cualquier intento de disolución del Congreso Nacional sería un golpe de Estado y quien lo intente enfrentaría consecuencias legales severas”, concluyó Espinoza en su mensaje en X.
