TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Las amenazas y el amedrentamiento que el comandante general de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla profirió contra un militar subalterno, han sido duramente criticadas por diversos sectores de la sociedad, al grado de exigir su destitución del alto cargo militar.
Para muchos, el hecho sui géneris, no debería circunscribirse a una sanción administrativa dentro del fuero militar, para el jerarca militar, sino, abrir un expediente investigativo en la parte civil, es decir, que el Ministerio Público (MP) investigue de oficio a Muñoz Bonilla, por lo grave de sus amenazas.
Para el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, este incidente da pie para que procedan acciones de orden administrativo interno en las Fuerzas Armadas y de justicia.
“Corresponde al inspector general de las Fuerzas Armadas hacer la investigación para identificar la violación a la ley, a los reglamentos militares y también corresponde a la auditoría jurídica militar tomar nota dependiendo del informe del inspector general, para ver si procede o no abrir una causa con el oficial en el marco del sistema de justicia militar de las Fuerzas Armadas”, explicó Maldonado.
Sí en efecto, la persona ofendida es un militar activo de las Fuerzas Armadas, el juzgamiento efectivamente debería de realizarse en el fuero militar.
Para Luis Maldonado, exmiembro de la Junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, “hay otra acción administrativa que también es procedente y es la que debería de tomar el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), para determinar la procedencia de la destitución del cargo”.
Recalcó: “Esto no es aceptable y no es tolerable al interior de las Fuerzas Armadas por dos principios básicos, uno que es el cumplimiento de la misión que debe de estar en la mente de todo oficial a cargo de una responsabilidad y la otra es el bienestar de los hombres”.
No es normal, pero hay exabruptos
En relación al procedimiento de una eventual sanción disciplinaria contra el coronel Ramiro Muñoz, se refirió en similares términos el general en condición de retiro y exjefe del EMC, Romeo Vásquez Velásquez.
“Lo que se hace en las Fuerzas Armadas es que hay una institución (unidad) encargada de hacer las investigaciones correspondientes desde diferentes ángulos que es la Inspectoría General y también la Dirección de Derechos Humanos, que si alguien se siente afectado va a Derechos Humanos, pone la denuncia y después de las investigaciones se determina al interno de las Fuerzas Armadas que es lo que procede”, aclaró Vásquez.
Según Vásquez Velásquez, lo que sucedió el pasado jueves 10 de agosto posterior a una reyerta en el Centro Penal de Comayagua “no es normal; lo que sucede es que a veces hay exabruptos, se puede decir, que alguien se siente amenazado como por ejemplo si alguien le ‘cerroja’ el fusil a otro como un tipo de amenaza”.
Desde el punto de vista civil
Pero para otros la sanción no debería de quedarse en algo administrativo, sino que también debe de tener un juzgamiento y abrir un expediente hasta llevarlo a los tribunales de justicia del país.
De acuerdo con el exfiscal del Ministerio Público (MP), Edy Tábora, ahora litigante privado, “esto necesariamente el Ministerio Público debería abrir una investigación de manera inmediata, que haga una investigación penal”.
Tábora señaló que “eso no es un asunto solo del fuero militar, porque son actuaciones en el marco del abuso. Que tienen características administrativas, que eso es un tema militar por supuesto, porque hay una situación de comportamiento dentro de la institución de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, el togado resaltó que lo más serio de ese altercado es que hubo amenazas graves a la vida del uniformado de la escala básica militar y de la familia de éste.
“Hay un abuso de autoridad. Primero las amenazas, pero segundo, está ordenando la detención; no sabemos si esa persona fue finalmente detenida, pero esa ordenanza de detención es un abuso de autoridad y si esa detención que llevó a cabo es una detención ilegal, automáticamente el Ministerio Público tiene las facultades para abrir una investigación de oficio”, concluyó Tábora.
Entre tanto, German Amador, abogado versado en materia penal, es del criterio que “hay un abuso de autoridad desde el momento que él (Ramiro Muñoz) hace intimidaciones al subalterno y a su familia; es algo temerario manifestar de que si no hubiese sido dentro de la unidad militar estuviera encostalado, son palabras propias de una persona que se dedica al sicariato”.
Según Amador “esa actitud no es propia de un jerarca militar y que tiene en lo primero es el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos”.
En un audio que trascendió días después del altercado ocurrido al interior del Centro Penal de Comayagua, el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla fue evidenciado propinándole un sermón amenazante, presuntamente por que éste habría manipulado su fusil de reglamento en dirección del comandante de la PMOP.
Muñoz Bonilla salió al paso para disculparse por lo sucedido, aduciendo que su subalterno cargó el fusil como si fuera a dispararle tras una pequeña discusión al momento de entrar a ese reclusorio el jueves 10 de agosto.
