TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Transparencia, Jaime Turcios, dialogó con EL HERALDO y defendió la medida de eliminar la figura del Comprador Público Certificado (CPC), misma que fue criticada por la sociedad civil ante posibles actos de corrupción en las contrataciones del gobierno.
El funcionario afirmó que, a partir de enero, volverá a aplicarse ese paso y se acordó la suspensión con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestaria en el presente año.
“Simplemente es una medida temporal en base a que la ley lo permite y eso no indica que no se estén siguiendo los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado, fue para agilizar los procesos de contratación ya que ha habido críticas por la baja ejecución presupuestaria”.
Turcios adujo que “la medida del comprador público es una medida burocrática porque el responsable de las compras es el gerente administrativo y simplemente se elimina un paso, pero la Ley de Contratación del Estado sigue y no hay posibilidad de comprar sin cotizaciones ni procedimientos de licitación”.
Asimismo, expresó que en la nueva Ley de Contratación del Estado habrá un abanico de más proveedores.
“Estamos preparando más de 300 compradores públicos en enero y volver a la normalidad, cada tres años hay que renovar los permisos a proveedores. Hemos incrementado unos dos mil proveedores en los últimos ocho meses de gobierno”, dijo.
La determinación dejó sin efecto tres incisos del artículo 4 de la Ley de Contrataciones de Estado, misma que fue responsabilidad exclusivamente de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).
“La normativa del comprador público ya vuelve a su normalidad en el mes de enero porque ya tendremos más de 300 nuevos proveedores certificados y evaluados”, adujo Turcios.
A su vez, acotó que ayudará a la economía de varios proveedores los cuales no han tenido la oportunidades de prestar servicios al Estado.
“Es para garantizar la eficiencia y rapidez en las compras públicas del Estado, va a ser un beneficio para el gobierno y para la economía de la nación porque habrá circulante en las economías”.
Con la actual decisión, los procesos de compra no requerirán del refrendo, firma y sello del CPC en los documentos establecidos en el artículo 44-C.
Actualmente hay un borrador para la nueva Ley de Contratación del Estado que se entregará al Congreso Nacional.
