TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Misión Internacional de Observación en Honduras (MIO), realizó un análisis del proceso que llevó a cabo la Junta Proponente para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, en el que destacó ciertas cosas pero señaló otras que consideran se debería de mejorar a futuro.
“Como misión tenemos la esperanza de que se respeten una serie de estándares de transparencia, de participación y de resoluciones fundadas”, apuntó Edison Lanza, integrante de la MIO-Honduras y exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Junto a organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y exmiembros de la Junta Proponente, la MIO-Honduras organizó un foro denominado “Elección de altos fiscales en Honduras: los desafíos para la etapa del Congreso Nacional”, en el que se debatió sobre lo actuado por la Junta, lo bueno y lo malo del proceso recién pasado.
Políticos eligiendo fiscales
Una de las recomendaciones que surgió antes de la elección de los nuevos fiscales es que se cambiara su forma de elegir, evitando que hubiese influencias políticas de por medio.
Según José Ramón Ávila, exmiembro de la Junta Proponente, “no ha habido voluntad política para hacerlo; estos políticos que eligen al fiscal general y fiscal adjunto, en gran porcentaje son políticos que están vinculados a casos de corrupción, por tanto a la clase política no le interesa que el fiscal general y fiscal adjunto sean independientes”.
Lanza consideró que hubo un pequeño retroceso en cuanto a la parida de género, por no haber enviado en esa lista final a dos mujeres, además, que bajaron los estándares de transparencia, no tuvo un marco legal, que redunda en el poco tiempo de trabajo.
La elección del fiscal está ahora en manos del Congreso Nacional.
