El Ministerio Público está a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto a los recursos de inconstitucionalidad sobre las “ciudades modelo” y que en el caso de existir delito proceder contra los responsables.
Recientemente fueron denunciados ante el MP los diputados al Congreso Nacional por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad, al aprobar el decreto que autoriza la construcción de las Regiones Especiales de Desarrollo, más conocidas como “ciudades modelo”.
El abogado Antonio Trejo Cabrera dijo que la denuncia criminal “es por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad contra todo aquel diputado y diputada que votó a favor de la aprobación del decreto que da vida a las ‘ciudades modelos’”.
Al respecto, la directora de Fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, reiteró que esa institución considera que el proyecto de las
Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocido como “ciudades modelo”, es inconstitucional, no obstante, esperarán la resolución que emita la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Ministerio Público se ha pronunciado en relación a lo que es las “ciudades modelo” y considera que el proyecto es inconstitucional, pero esperará la resolución de la CSJ para proceder, en caso de que el Congreso Nacional determine que las RED deberán funcionar en el país.
Ferrera explicó que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Ministerio Público, para que se emita su dictamen. La Fiscalía emitió el correspondiente dictamen argumentando y haciendo su propio estudio en relación al decreto y exponiendo también de acuerdo a la inconstitucionalidad del mismo, precisó.
Aclaró que ese dictamen del Ministerio Público no es vinculante en relación a la resolución que emitirá el Poder Judicial, simplemente sirve de ilustración y la CSJ sabrá luego del estudio que haga, del recurso del dictamen de la Fiscalía si se declara inconstitucional el decreto que crea las RED.
Reiteró que la CSJ tiene que hacer el estudio y emitir su resolución. “El término que establece la ley es de 20 días después del dictamen, pero no es absolutamente común que la corte se apegue exactamente a los términos, me imagino que por la cantidad de casos”, acotó.
Explicó que “no tiene que emitir la resolución la CSJ para que nosotros expongamos si hay o no la constitución de algún delito, si se da algún delito o no; hay recursos que las partes pueden hacer, o los afectados pueden invocar y es importante que se agoten; mientras la Corte no defina la inconstitucionalidad o no del decreto, la Fiscalía tendrá que esperar”.
No solo la incostitucionalidad de la RED está en el tapete de la polémica, también el caso de empresas fantasma o de maletín que están pretendiendo invertir en ese proyecto.
Michael Strong, socio de un grupo que se identifica como MKG,
según versiones de algunos diputados, estaría prestándose como “testaferro” de grupos económicos locales que pretenden meterse al negocio de las “ciudades modelo” para gozar de franquicias.
El proyecto que define los sitios aptos para este proyecto de inversión fue introducido la semana anterior y se espera la emisión del dictamen para los próximos días.
