La directora del Registro de la Propiedad, Sybil Aney Leóon, sostuvo que ella firmó las certificaciones con que se inscribieron 15 títulos de propiedad en el registro de Roatán que habrían sido otorgados de forma irregular.
“Si en este momento alguien pidiera nuevamente que se certificaran esas resoluciones, las autoridades tendrían que volver a hacerlo porque es una obligación de un funcionario público”, dijo.
Explicó que ella fungió como directora de Regularización Predial del año 2010 a enero del 2012. “Durante ese lapso de tiempo yo no solo firmé 15 certificaciones de títulos de propiedad, sino que más de diez mil certificaciones de títulos otorgados a nivel nacional, incluido parte de los casos de Islas de la Bahía”.
Señaló que en Islas de la Bahía se han otorgado 180 tíitulos de propiedad en el municipio de Guanaja por el mismo mecanismo de regularización usado en el municipio José Santos Guardiola y que está contemplado en la Ley de Propiedad en su artículo 74 A, donde todos los casos cumplieron con los requisitos que exige la Ley de Propiedad como su reglamento.
De acuerdo con León, los trámites de los titulos cuestionados se realizaron de forma legal.
Los solicitantes argumentaron que tenían más de cinco años de estar poseyendo los terrenos sobre los cuales pidieron los títulos de propiedad. Obviamente al momento de presentarse la solicitud se evacua una prueba testifical. Los solicitantes presentan testigos que confirman ante el Instituto de la Propiedad - bajo la advertencia del delito de falso testimonio- que esas personas han poseído los terrenos por más de cinco años, que no han tenido ningún tipo de interrupción ni conflictos con otras personas.
En el caso denunciado, donde se señala que los que pidieron tíitulo no tenían cinco años de poseer el terreno, León explicó que en esa situación la Fiscalía puede perseguir a los testigos.
De acuerdo con León, ante la denuncia contra ella en el Ministerio Público se presentó voluntariamente inclusive “el Ministerio Público ya emitió resolución relativamente, exclusivamente sobre mi persona cerrando las diligencias administrativas porque comprobaron que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad”, explicó la funcionaria.
El 12 doce de mayo reciente, la Fiscalía Especial contra la Corrupción emite un auto de archivo administrativo de expediente en el cual resuelve: “desestimar parcialmente la presente denuncia con relación a la investigada Sybil Aney León, directora general de Regularización Predial en el tiempo de la comisión de los hechos sujetos a investigación”. Prosigue “continuar con la investigación de la denuncia, con respecto a las diligencias de investigación pendientes, por existir indicios de haberse infringido normas el Código Penal vigente”.
Asimismo remite “el expediente administrativo al abogado Ricardo Matute Bertrand, en su condición de fiscal especial contra la corrupción, a fin de que previo a su análisis, ratifique o no la presente desestimación parcial de la denuncia; y de ser confirmada esta resolución se continúe con la investigación de la misma, con relación al abogado Celso Rufino Suárez Avileéz, así como la individualización de otros funcionarios que puedan ser susceptibles de deducírseles responsabilidad penal”, dice el auto.
