Tegucigalpa, Honduras
Existen dificultades para lograr la sanción de empleados que se han visto involucrados en actos de corrupción en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Esto debido al exceso de protección al empleado que brindan los jueces y la Secretaría del Trabajo, denunció la presidenta de la Junta Interventora del SANAA, Nívida Hernández, quien señaló que esta protección muchas veces genera perjuicio para las instituciones del Estado.
“Ahí en la situación y en el tema laboral es algo bien complicado porque tanto jueces como el Ministerio de Trabajo son excesivamente proteccionistas del empleado”, señaló.
Indicó que “hay situaciones en las que a pesar de que existen las pruebas”, no se puede sancionar porque estas instituciones “son proempleados”.
La funcionaria se refirió en estos términos luego de haber sido consultada por la nueva línea de investigación que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante el Ministerio Público.
Lo denunciado
En esta denuncia se indica que tres actuales funcionarios del SANAA y un exgerente general participaron en la compra sobrevalorada por más de tres millones de lempiras de dos terrenos en la colonia Brisas de El Picacho, en Tegucigalpa. En estos terrenos se construiría una planta de generación eléctrica. Hernández dijo que pese a conocer los detalles de la investigación, lo prudente es que la Fiscalía revele a la ciudadanía quienes son los involucrados en actos de corrupción.
“Ellos sabrán cuál es el momento prudencial dada las investigaciones, recordemos que dentro de esa denuncia que presentó el CNA hay empleados que todavía laboran para el SANAA”, dijo.
“Si nos lo permitieran, lo ideal sería que se suspendieran, pero no se puede, por tanto, no podemos ahorita revelar información porque si lo hacemos caeríamos en la infidencia y afectaríamos el trabajo de investigación”, agregó la funcionaria.
Hernández aseguró que las investigaciones continúan porque “irregularidades (en el SANAA) hay muchas, las hay por montones”.
