TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nunca vendió la base de datos; lo que por instrucciones superiores facilitó al consulado y a la Embajada de Estados Unidos fue un acceso al sistema de consulta, explicó el miercoles Alfredo Laínez, exjefe del Departamento de Identificación e Informática del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Una base de datos es el conjunto total de información almacenada que contiene todos y cada uno de los detalles de información de cada uno de los ciudadanos hondureños como su “estatus de nacimiento, matrimonio si lo tiene, las notas marginales, los estados de acuerdo a las solicitudes de información, las solicitudes de identidad, cuántas emisiones ha tenido, cuántas fotografías ha actualizado, cuántas huellas tiene la persona”.
Lo que se le facilitó al Consulado y a la Embajada de Estados Unidos- luego de una orden escrita de un superior- fue un acceso al sistema de consulta que era la novedad que tenía el sistema de identificación en el 2005.
A través de él se les permitió algunas consultas específicas como la fotografía de la persona, el nombre, fecha de nacimiento y una leve descripción de la dirección, que es equivalente e igual a lo que aparece en el Censo Nacional Electoral.
Bajo ninguna circunstancia era el acceso total a la base de datos. “Cuando yo llegué la información se le facilitaba en papel y en vista de la modernización del sistema lo que se cambió fue el papel por un acceso a través del internet”.
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Sobre este caso se realizó una investigación y se les entregó toda la documentación concerniente, pero en su resolución la inspectora expuso que definitivamente “yo no pude dilucidar los hechos, eso es una cuestión de perspectiva, porque la nota en que me ordenaron dar el acceso dice: ‘Otorgar la colaboración en el momento que lo soliciten’, no da una fecha específica ni establece un momento exacto, sino que al momento que se solicite el acceso y eso fue unos dos o tres meses después de que se recibió la instrucción porque era parte de las pláticas protocolarias que las autoridades de la institución tenían junto con la gente del Consulado y de la Embajada”, afirmó Laínez.
Recordó que después de la investigación el caso se cerró administrativamente, aunque la inspectora en 2007 emitió un criterio que decía que “había que destituirme, pero continué en mi cargo hasta el año 2010 y en esas circunstancias yo me hago la pregunta: ¿si el acceso era irregular de acuerdo a la percepción e interpretación de la inspectora general, entonces por qué ella no solicitó que se cancelara el acceso?”.
“Con los subsiguientes años siguieron viniendo autoridades y el acceso continuó vigente, lo que implica entonces que el acceso en ningún momento tuvo un estatus de irregularidad”.
Sobre el por qué información que solo maneja el RNP ahora también está en poder de los bancos, los supermercados y hasta las empresas de seguridad privada, respondió: “Hay que analizar las posibles fuentes, el Censo Nacional Electoral es público, se le entrega a todos los partidos políticos y por consiguiente las empresas privadas también pueden tener acceso a él”.
Laínez manifestó que fue propuesto para formar parte del grupo de asesores para la contratación de la nueva empresa que realizará el proceso de identificación, pero luego no se le tomó en cuenta por ese hecho que ya fue aclarado ante las autoridades respectivas.
