Malestar ha generado entre los oficiales de información pública del gobierno la amenaza del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de solicitar sus despidos si no realizan el trabajo de observadores de las elecciones primarias.
Un grupo de oficiales denunció a EL HERALDO que el IAIP no tiene atribuciones para obligarlos a ser veedores del proceso electoral del 18 de noviembre próximo porque la Ley de Transparencia no contempla que esas sean sus funciones ni su contrato laboral.
El IAIP firmó un convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ofrecerse como observador y este día se emitirá un acuerdo en Consejo de Ministros mediante el cual se girarán instrucciones a los oficiales para que sean parte de la delegación de observadores de las votaciones.
Según las quejas expuestas por los oficiales, que hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias, el IAIP se está extralimitando en sus funciones, pues la Ley de Transparencia dice que su quehacer se enmarca en la resolución de los recursos de revisión y vigilancia del cumplimiento de esa norma por parte de las instituciones públicas.
También resaltan que las pautas de las obligaciones de los oficiales están fijas en la Ley de Transparencia y el contrato de trabajo y en ninguno de estos instrumentos se hace referencia a que estos funcionarios tengan que realizar actividades de observador.
Otra queja de algunos oficiales es que si trabajan como observadores en Tegucigalpa no podrán votar aquellos que tengan que ejercer su voto en otra ciudad.
En el gobierno existen unos 120 oficiales de Información Pública, pero la instrucción es que todo el personal de estas oficinas, es decir, secretarias y asistentes, sean observadores.
Orden de Lobo Sosa
El comisionado del IAIP, Damián Pineda, dijo que el presidente Porfirio Lobo es quien girará la orden para “poner a disposición” del ente de transparencia a los oficiales para la labor de observación del proceso electoral.
Según Pineda, la Ley de Administración Publica faculta al mandatario para ordenar a cualquier empleado del gobierno a cumplir funciones que él estime conveniente en situaciones de emergencia, “casos como guerras, huracanes o inundaciones”.
Se le preguntó al comisionado Pineda sobre el artículo de la Ley de Administración Pública en donde se especifica que unas elecciones son un evento sobrenatural que obligue a funcionarios públicos a ser observadores de esa justa comicial y dijo: “ahora no recuerdo”.
El comisionado indicó que la actividad de monitoreo de las elecciones en las que se piensa involucrar a los oficiales de Información Publica es instalar portales de transparencia en algunos centros de votación.
Negó que se haya amenazado a los oficiales de Información Pública de pedir sus despidos si no se sumaban a la actividad de observación.
La Ley de Transparencia y su Reglamento establecen que los oficiales de Información Pública cometerán faltas cuando incumplan con la actualización de los Portales de Transparencia y no tramiten las peticiones de información.
Las causales de despido que se indican en esa norma solo tienen que ver cuando comentan faltas en este tipo de funciones.
