Unos 150 miembros de la Policía Nacional en situación de “disponibilidad” han sido obligados a presentarse, todos los días, a las oficinas de Recursos Humanos con sede en Casamata para firmar el libro de entrada y salida.
Así lo informó a EL HERALDO el vocero de la Secretaría de Seguridad, comisionado Héctor Iván Mejía Velásquez.
“Sí. Los miembros de la Policía Nacional que se encuentran en situación de disponibilidad están presentándose a la Dirección de Recursos Humanos en horas de la mañana y en horas de la tarde para llevar un control que permita determinar la ubicación de ellos y en caso de apremio hacer uso de los mismos”, aseguró el oficial.
“Son cerca de unos 150 hombres. Todos están firmando y tienen que estarse registrando”, comentó.
En una comparecencia en el Congreso del director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, explicó que se había tomado dicha medida y que se les habían pedido las armas de reglamento asignadas.
Medida no es pareja
Otra fuente de la misma institución de seguridad comentó a EL HERALDO que “en efecto los oficiales y agentes que se encuentran en situación de disponibilidad llegan todos los días a firmar el libro”.
Confió que “a algunos agentes se les han quitado las armas de reglamento que las mismas autoridades superiores les habían asignado, mientras que otros continúan con ellas”.
Eso significa que la medida implementada no ha sido aplicada por igual a los agentes de seguridad.
Después de la comparecencia del jefe de la Policía, el Congreso Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Policía donde quedó establecido que “los oficiales de la Policía que sean declarados en disponibilidad, saldrán de la institución a los seis meses en condición de cesantía obligatoria”.
Actualmente, los oficiales permanecen en disponibilidad un año.
Según Bonilla, “los oficiales en disponibilidad generan un gasto importante para la Secretaría de Seguridad y además interfieren en el trabajo que se realiza en la Policía Nacional, por eso se reduce su tiempo para estar en esta condición y se debe proceder a su retiro”.
CSJ a reunión
Entre tanto, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría resolver hoy si deroga la Ley de Depuración Policial.
Esta ley ya no tiene vigencia, ya que fue creada para un período de seis meses y nunca se prorrogó.
En su lugar, el Congreso Nacional aprobó en diciembre pasado reformas a la ley orgánica de la Policía.
Curiosamente, algunas de estas reformas fueron derogadas el pasado martes, es decir, no duraron ni dos meses, lo que demuestra la improvisación gubernamental en materia de seguridad.
El pasado miércoles el pleno conoció el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por varios abogados contra el Decreto Legislativo 89-2012, que contiene dicha Ley.
En ese entonces se conocieron tres posiciones: la que en su momento adoptaron los cuatro magistrados destituidos de derogar la ley, la de Óscar Chinchilla, que votó a favor de la normativa; y un nuevo proyecto presentado por un grupo de magistrados, que no se dio a conocer. Para hoy se convocó a un nuevo pleno para definir cuál de las tres propuestas aprueban.
En vista de que no existió unanimidad en la Sala Constitucional, el expediente del recurso de inconstitucionalidad fue remitido al pleno para que emitiera una sentencia definitiva.
