TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sin presión de nada y con todas las facilidades dadas por el gobierno, el concesionario del Centro Cívico Gubernamental (CCG) trabaja a paso de tortuga sin poder terminar el complejo.
Sin fecha de entrega, con renegociación del contrato y deudas con las empresas que laboran en la edificación del proyecto, la Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH) no se preocupa en cumplir con la obra que albergará a más de 30 instituciones del Estado.
Informes del proyecto en poder de EL HERALDO revelan que en ocho meses solo han logrado avanzar 1.41% en toda la construcción.
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Al 13 de marzo de 2020, el CCG tenía un avance de 97.53% y el compromiso era entregarlo el 15 de abril, es decir, faltaba apenas un mes.
El último informe de avances con fecha 6 de noviembre de 2020 establece que el avance general del proyecto es de 98.94%.
Durante estos ocho meses el concesionario del CCG solo logró culminar la torre dos, que ya se encuentra en un 100% y es habitada por 13 instituciones y el Cuerpo Bajo A (CBA) que también ya se terminó.
Expertos consultados por EL HERALDO indicaron que siguiendo ese ritmo de trabajo, para terminar el 1.6% que les queda necesitarían al menos seis meses más de trabajo, es decir, hasta mediados del otro año.
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Amarrados
Autoridades de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), en respuesta a solicitud de información de EL HERALDO, informaron que no pueden hacer nada por el retraso de la obra.
Justificaron que el inversionista operador privado solicitó a la contratante la suspensión del cumplimiento de las obligaciones contractuales invocando motivo de fuerza mayor causada por la pandemia de covid-19 que enfrenta Honduras y el mundo.
La solicitud fue basada en la suspensión de las garantías constitucionales, por lo cual, la misma fue aceptada en lo relativo a la entrega de las obras del proyecto.
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Ante esto la contratante, es decir, la Secretaría de Finanzas (Sefin) no ha hecho del conocimiento de la SAPP la infracción al contrato sobre el particular.
Es por esa circunstancia, expresa la SAPP, que no se ha instruido procedimiento alguno en la forma como lo establece el contrato y en consecuencia no se han aplicado sanciones por incumplimiento de entrega de las obras del proyecto.
Por su parte, las autoridades de la Sefin informaron que están en la etapa final de modificación del contrato para determinar la fecha de entrega de las obras.
En ese sentido, es la Sefin la que permite que el proyecto no se culmine y ahora dará otro tiempo de alivio al operador privada para que entregue la millonaria obra.
EL HERALDO consultó a DOIH sobre la situación y hasta el cierre de este edición no habían contestado.
