Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de una tregua que suspende durante tres meses los desalojos y la demarcación de la frontera agrícola y ganadera en la Biósfera del Río Plátano es interpretado por los expertos como un paso a la legalización de invasiones, extremo que niega de forma rotunda el gobierno hondureño.
Para especialistas entrevistados por EL HERALDO, con el acuerdo alcanzado con los ganaderos el gobierno cedió ante los ocupantes de tierras en áreas de vocación forestal protegidas, puesto que la Ley Forestal es clara en que no se permite el otorgamiento de licencias y permisos en zonas resguardadas.
“Existe el riesgo de que la suspensión temporal de los desalojos permita a algunos ocupantes seguir expandiendo sus actividades ilegales, como la ganadería extensiva o la deforestación si no hay un control efectivo”, dijo la especialista ambiental de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ana Velásquez.
A los expertos les preocupa particularmente que en el acuerdo se estableció demarcar la frontera ganadera y agrícola actual con los responsables de las reses y cultivos, así como realizar un levantamiento catastral de las fincas.
Estas medidas, además que contravienen la Ley Forestal referente a que no se pueden emitir permisos o licencias para el aprovechamiento de zonas protegidas, pueden abrir más la puerta al narcotráfico.
En los “Acuerdos para lograr los objetivos del Programa Cero Deforestación creado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en áreas protegidas y zonas de reserva” se estableció en el punto dos que “se demarcarán conjuntamente con los ocupantes de estas áreas las fronteras agrícolas y ganaderas actuales”.
Además, el punto tres indica que se debe “realizar en conjunto el ordenamiento territorial a través de un programa de georreferenciación, es decir, un levantamiento catastral de las fincas, estableciendo con cada ocupante los límites geográficos de las fincas”.
Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la situación es grave porque advierten que algunos ocupantes seguirán expandiendo sus actividades ilegales, como el narcotráfico, en conjunto con los narcoganaderos.
“La suspensión de los desalojos podría interpretarse como una flexibilización del gobierno ante las presiones de los ganaderos; sin embargo, se debe considerar que estos procesos deben obedecer a los procedimientos establecidos en la legislación nacional”, expuso Velásquez.
El pasado mayo, el gobierno hondureño implementó el plan Cero Deforestación, en el cual no se incluyó ningún tipo de treguas.
“Aunque el ‘Plan Cero Deforestación’ no contemplaba treguas, la creación de este acuerdo con ganaderos y otras comunidades podría reflejar un ajuste estratégico más que un debilitamiento, si se hace bajo los estándares normativos y el respeto a los derechos humanos, de propiedad y de áreas de vocación forestal”, explicó Velásquez.
Para la experta, las mismas medidas que el gobierno aceptó serán un reto para ellos mismos al evitar que los ocupantes de tierras crucen los límites de donde ya están establecidos.
“El cumplimiento del acuerdo por parte de los ganaderos dependerá de la eficacia de las medidas de vigilancia y los incentivos para adoptar prácticas sostenibles”, manifestó.
Que el gobierno suspendiera los desalojos no es un acierto; al contrario, es un atentado contra las áreas de vocación forestal, argumentó el ambientalista Modesto Ochoa.
“El asentamiento humano en áreas tan frágiles como estas es un foco de contaminación enorme y un atentado contra la riqueza natural, por lo que es importante que el gobierno tome otras medidas”, dijo.
En la tregua se garantizó que los desalojos serán suspendidos, a excepción de los de la Biósfera del Río Plátano.
Pese a que la ley lo prohíbe, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) contabilizó 1,200 casas construidas en la zona núcleo de Patuca, mientras que en la Biósfera del Río Plátano fueron 32 y en la reserva de Tawahka, 42.
También gana el narcotráfico
El experto en seguridad, Nelson Castañeda, advirtió que esta tregua puede ser un arma de doble filo, ya que también se le está dando paso a que el narcotráfico gane más terreno en la zona.
“Este es un tema donde las narcofincas están destruyendo las reservas, incluida la Biósfera del Río Plátano. Lo que se puede identificar es que el gobierno ha perdido el control sobre la gobernanza forestal”, expuso Castañeda.
Castañeda cuestionó la escasa presencia de las fuerzas del orden público en estas zonas, que “son atractivas para la producción y el traslado de drogas y los efectos colaterales para áreas óptimas para la producción de drogas”.
Desde este punto de vista, la tregua que el gobierno implementó hará florecer aún más la criminalidad y la violencia, agudizando este problema social.
El experto también lamentó que, hasta ahora, al menos públicamente, el gobierno no ha destruido narcocarreteras en la zona de la Biósfera, lo que deja más preguntas que respuestas.
Para el diputado del Congreso Nacional (CN), Carlos Umaña, esto es sencillo: “Mientras el gobierno garantiza el no desalojo, ellos (narcotraficantes y otros ocupantes de tierra) ganan y perdemos los hondureños porque pueden sancionarnos”.
intentó comunicarse con Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia y quien encabeza la Comisión de Alto Nivel que aborda esta problemática, para obtener declaraciones, pero no hubo respuesta. Igualmente, se buscó la reacción Lucky Medina, secretario de Ambiente.
Por su parte, Luis Soliz, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), negó que el acuerdo signifique legalizar las tierras.
“Las tierras forestales nacionales no pueden pasar a manos de privado, igual los territorios indígenas (...) al contrario se envía a investigar títulos falsos”, sostuvo.
Recordó, en ese sentido, que las leyes de Propiedad, de Reforma Agraria y Forestal prohíben esas acciones.
Contravienen la Ley Forestal
La especialista ambiental Ana Velásquez advirtió que las intenciones de un levantamiento catastral contravienen el artículo 109 de la Ley Forestal.
“En ningún caso se otorgarán permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en las zonas núcleo de las áreas protegidas y de vida silvestre”, establece el artículo 109.
Y también aclara que “en las zonas de amortiguamiento únicamente se podrá autorizar la realización de actividades económicas que sean acordes con los Planes de Manejo o Planes Operativos previamente aprobados por el ICF”.
Por estos artículos y las pretensiones en la tregua, “nosotros estamos en contra de que estas áreas sean destruidas. Hay ganadería, crimen organizado y en el caso de La Mosquitia y el Río Plátano están protegidas por la UNESCO”, opinó Roger Reyes, director del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).
Honduras también está sujeta a demandas internacionales debido a que mantiene vigentes convenios internacionales, recordaron los expertos.
En los últimos 20 años, La Mosquitia perdió, según el ICF, cerca del 25 por ciento de sus ecosistemas producto de la ganadería, plantaciones ilícitas y la explotación ilegal de sus recursos.
En ese contexto la UNESCO, incorporó en 2011 a la Biosfera del Río Plátano, dentro de la lista de patrimonios naturales que se encuentran en riesgo, con el objetivo de impulsar medidas de conservación y frenar la deforestación.
