TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, denunció que se quedaron afuera de las negociaciones para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el septenio 2023-2030.
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Ramírez manifestó que la encargada de las conversaciones en este tema, la doctora Suyapa Figueroa, les comentó que existía diálogo con las demás bancadas del Congreso Nacional para poder elegir a los mejores hombres y mujeres.
“No quieren que el partido que tiene una alta moralidad pueda participar en estos actos”, acusó el diputado.
De acuerdo al congresista, que ellos hayan quedado afuera significa que los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) están haciendo sus negociaciones, dando un “mal mensaje al pueblo hondureño” porque no se están eligiendo los candidatos por sus perfiles sino por vínculos.
En ese sentido, ejemplificó que él sugirió a la abogada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga de Libre; Felipe René Speer Laínez del Partido Liberal; Walter Raúl Miranda Sabio del Partido Nacional y a la abogada Ana Alejandrina Pineda Hernández para integrar el Poder Judicial, pero sus propuestas no han sido tomadas en cuenta.
Agregó que independientemente del partido, lo más importante es que puedan coincidir en los nombres de los profesionales del derecho.
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Piden que elección de la CSJ no sea por vínculos políticos
Diferentes organizaciones de sociedad civil piden a los diputados que conforman el Congreso elegir a los magistrados de la Corte Suprema basándose en el perfil idóneo del candidato para el puesto y no en vínculos políticos para evitar “intercambios de favores” en un futuro.
“Si continúan bajo ese esquema de posicionamiento partidario en la elección de CSJ y no por meritocracia, la sociedad tendrá claro que la función de algunos magistrados y magistradas será de aprovechar sus puestos para intercambiar favores o beneficios con quienes conformaron consensos dentro del Congreso Nacional”, manifiestan en un comunicado.
En ese sentido, exhortan a los congresistas a desarrollar “una votación razonada, basada en la meritocracia e idoneidad de cada perfil propuesto para garantizar la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y reducción de la impunidad”.
