Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) busca implementar un nuevo proceso de admisión con la introducción de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) a partir de 2025 que reemplazará a la actual Prueba de Aptitud Académica (PAA).
El rector de la UNAH, Odir Fernández, apuntó que la nueva evaluación se centra en la vocación y habilidades de los aspirantes universitarios.
El abogado detalló que la prueba fue diseñada y desarrollada por el Centro de Experimentación e Investigación Aplicada en Psicometría y Evaluación (CEI-TEST), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), a partir del análisis de la currícula nacional y la aplicación de una serie de entrevistas en toda Honduras.
“Ellos han preparado todas las preguntas no solo mediante un mecanismo técnico, sino también de consulta y socialización; han viajado a todo el país, han conocido la currícula nacional y eso ha servido de fundamento para crear la nueva prueba”, expuso.
Fernández explicó que este tipo de evaluaciones se ajustan a estándares internacionales que como macrouniversidad la UNAH debe cumplir.
“Es materialmente imposible que desaparezca la evaluación previa para ingresar porque somos una macrouniversidad y estamos regulados por estándares internacionales y en tal sentido se requiere un mecanismo de evaluación”, manifestó.
La PHUMA se someterá a aprobación en la sesión de Consejo Universitario en diciembre para que la primera prueba pueda aplicarse entre marzo y abril de 2025, conforme a la calendarización anual de la UNAH.
Mientras, el próximo 8 de diciembre se aplicará la última PAA de 2024 y quienes se sometieron al proceso de septiembre pueden consultar resultados a: https://admisiones.unah.edu.hn/resultados/
El rector advirtió que el presupuesto asignado para 2025 es insuficiente para cubrir la adaptación de la nueva prueba de la UNAH y otros proyectos.
En 2025, la universidad contará con 7,700 millones de lempiras, una cifra muy por debajo de los 10,700 millones que estipula la ley como mínimo para el sector educativo.
Además, gran parte de estos fondos provienen de un préstamo estatal de 1,169 millones de lempiras, lo que limita aún más la capacidad de la universidad para financiar proyectos de investigación y mejorar la infraestructura educativa.