TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proceso para transición para asumir la administración de los centros penitenciarios, que la Policía Nacional recibirá de las Fuerzas Armadas de Honduras, inició este miércoles con una reunión entre las autoridades de ambas instituciones.
En la reunión se habló de las fases que se implementarán en esta transición de administración; en la primera se determinó que la institución policial designará al personal encargado de dirigir los primeros centros penitenciarios que serán transferidos.
Asimismo, se planteó que la transición debe realizarse de forma coordinada, organizada; y que haya respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; todo ello, en cumplimiento a la instrucción que diera la Presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya.
En esta nueva administración, se va a robustecer los procesos penitenciarios, para que una vez fortalecido el sistema, se pueda trasladar al ente que designe el gobierno para que lo administre de manera definitiva.
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La reunión se sostuvo en las instalaciones del complejo de la Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, y es la primera reunión del cronograma.
Habrá un proceso de certificación
El proceso de traspaso de los centros penitenciario llevará un cronograma que se desarrollará durante el 2022; mientras se concluye con la transición, las Fuerzas Armadas seguirán apoyando en los 10 centros donde tienen presencia y paulatinamente irán reasignando su personal a las labores que la Constitución de la República les establece.
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Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), continuará con sus labores de resguardo en 12 centros, y mientras dura el traspaso, los funcionarios se someterán a un proceso de certificación para validar su trabajo y seguir apoyando todo el refuerzo que realizará la Policía Nacional.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por cerca de 30 centros penitenciarios, en las que permanecen privados de su libertad más de 22,000 personas. Debido a amotinamientos suscitados que dejaron víctimas fatales, se decretó en 2019 una intervención que continúa en la actualidad, con el fin de devolver la gobernabilidad al interior de las prisiones del país.
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