TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de expolicías agrupados como la Organización de Policías Despedidos Ilegalmente, que salieron de la institución durante la aplicación del proceso de depuración policial, emitieron este martes un pronunciamiento en donde solicitan al Estado se les restablezcan sus derechos.
Mediante el pronunciamiento, dirigido al Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y a la presidenta Xiomara Castro, el grupo denuncia haber sido “directamente perjudicados en la aplicación de políticas públicas, que desde todo punto de visto legal, fueron violatorias a nuestros derechos y garantías constitucionales” y les dejó a expensas de que “gran parte de nuestra sociedad, nos estigmatizó y discriminó por haber sido despedidos ilegalmente”.
En la misiva piden al Congreso Nacional aprobar el anteproyecto de decreto -impulsado por el diputado Eduardo Díaz Velásquez- para reconocer el restablecimiento de derechos y garantías constitucionales.
Asimismo, solicitan a la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, dar mayor celeridad a las resoluciones y sentencias de las demandas interpuestas desde hace varios años por los policías despedidos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Finalmente, al gobierno central piden que sancione y publique en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia el reconocimiento de sus derechos y garantías constitucionales.
El pronunciamiento de los policías despedidos
PRONUNCIAMIENTO
En vista de los acontecimientos acaecidos en días recientes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el juicio instruido por las autoridades judiciales de Estados Unidos, contra el personaje más nefasto, corrupto y ligado a los cárteles del narcotráfico nacionales e internacionales y que desgraciadamente ostentó el cargo en la primera magistratura de nuestro país y que valiéndose de ese cargo aplicó a gran parte de la sociedad hondureña innumerables actos de injusticia, de los cuales nosotros los miembros de la Carrera Policial, fuimos directamente perjudicados en la disque aplicación de políticas públicas, que desde todo punto de visto legal, fueron violatorias a nuestros Derechos y Garantías Constitucionales, trayendo consigo secuelas negativas y que como consecuencia, y qué gran parte de nuestra sociedad, nos estigmatizó y discriminó por haber sido despedidos ilegalmente por el narcodictador y sus secuaces.
Ante todo, lo anterior expuesto, la ORGANIZACIÓN DE POLICÍAS DESPEDIDOS ILEGALMENTE nos manifestamos en el siguiente pronunciamiento:
1. Que somos víctimas directas de la aplicación de las mal llamadas políticas públicas ejecutadas en la Institución Policial por el narcodictador y sus secuaces, quienes también ha sido mencionados en el juicio en el cual, se le aplicó al principal involucrado en la narcoactividad (JOH), una declaración contundente de culpabilidad y que al transcurrir del tiempo, la sociedad nacional e internacional se ha dado cuenta quiénes eran realidad los verdaderos delincuentes en nuestro país.
2. Por lo consiguiente, estamos solicitando muy respetuosamente al soberano Congreso Nacional de Honduras, retomar, agendar, discutir y aprobar el Anteproyecto de Decreto presentado hace aproximadamente un año, por el Diputado EDUARDO DÍAZ VELÁSQUEZ, que mediante la aprobación del mismo, se estaría reconociendo el pleno restablecimiento de nuestros Derechos y Garantías Constitucionales, que nos fueron violentadas por la narcodictadura.
3. Así mismo, solicitamos con todo respeto a la Señora Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abogada REBECA LIZETH RÁQUEL OBANDO, ordene a quien corresponda en cualquiera de las instancias de ese poder del Estado, aplicar mayor celeridad en las resoluciones y sentencias de nuestras demandas interpuestas desde hace varios años, muchas de las cuales, interpusimos en los años 2014, 2016 y años posteriores, mismas que en su mayoría, después de 10 años de litigio se encuentran todavía en primera instancia.
4. Así mismo y con el debido respeto solicitamos a la Señora Presidente Constitucional de República IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO, que una vez, sea aprobado el Anteproyecto de Decreto que mencionamos en el numeral 2 de este pronunciamiento, el mismo sea sancionado y remitido al Diario Oficial La Gaceta para su respectiva publicación y posteriormente puesto en vigencia.
5. Reiteramos a nuestro Dios primeramente, nuestras familias y nuestro pueblo, continuar con esta línea de conducta que hasta ahora hemos mantenido, fundamentada en altos principios éticos y morales, pero con la inclaudicable convicción de una infatigable lucha por la defensa de nuestros derechos fundamentales, vulnerados por el narcodictador y sus secuaces.
“JUSTICIA TARDÍA, NO ES JUSTICIA” Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de Marzo.
