“Las pruebas de confianza se aplican en todas las policías del área y creemos que son legales”.
Esa es la opinión de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De esta manera, contradice la posición de Rigoberto Espinal Irías, quien ha asegurado que las pruebas de confianza son válidas pero no legítimas.
Según Espinal, la ley que permite aplicar las pruebas es válida porque no ha sido modificada ni derogada.
Sin embargo, al mismo tiempo advierte que no es legítima porque está en contra de los valores que inspiran las convenciones de derechos humanos.
“En principio nadie está obligado a declarar en contra suya, y en segundo lugar está prohibido utilizar métodos o técnicas que induzcan a una persona a reconocer algunos hechos, eso en forma extrema, son torturas psicológicas y de otro tipo”, explicó el asesor del Ministerio Público.
Ante esas aseveraciones, la rectora universitaria recomienda “no estar renuentes con esos procesos porque se trata de una Ley del Estado”.
“Es una opinión como la de cualquier otra persona, la diferencia es que quien la expresó, es una autoridad del Ministerio Público y esa es la gravedad de esa opinión y se trata de una opinión descontextualizada”, dijo Castellanos.
Con el objetivo de analizar el proceso de evaluación al que se han sometido 235 miembros de la Policía Nacional, Castellanos comentó que el martes se reunión con el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y con el director general de la Policía Nacional, comisionado Juan Carlos Bonilla, al igual que con varios abogados a quienes se les hizo las consultas sobre las pruebas de confianza.
“En México se practican las mismas pruebas de confianza donde ya se han aplicado a 143 mil efectivos, también las hay en el cuerpo policial de Colombia, entre otros como los Carabineros de Chile y el cuerpo del orden Bonaerense”, aseguró Castellanos.
“Estas pruebas son mecanismos necesarios para garantizar que se trata de hombres y mujeres que están aptos para el ejercicio de la profesión con sus mayores capacidades”, recalcó.
Lamentamos la opinión de Espinal Irías y le pedimos respetuosamente que mire el contexto de América Latina para que vea que Honduras no hace nada extraordinario, son cosas cotidianas en otros países, se trata de buscar una Policía menos corrupta y criminal, prosiguió la funcionaria.
Julieta Castellanos está consciente de que en un proceso tan complejo como es la depuración de la Policía Nacional “se van a tener opositores, pero habemos muchos que estamos empeñados en que el país mejore”. Las autoridades de la DIECP enviaron a la Dirección de la Policía Nacional, los expedientes de 70 oficiales, de los cuales 33 reprobaron.
Las pruebas son aplicadas con el acompañamiento internacional de Estados Unidos y Colombia.
Esta medida se tomó luego que saliera a luz pública la entronizada corrupción que aún existe en la Policía Nacional.
Las pruebas de confiabilidad que se aplican son el polígrafo (detector de mentiras), psicométricas, económicas y toxicológicas.
