Se trata del decreto 117-2019 contentivo de una reforma por adición al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la cual se restituyó la inmunidad a los diputados.
Mientras que la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, más conocida como Ley Especial del Fondo Departamental, también fue promulgada bajo el decreto 116-2019.
VEA TAMBIÉN: En secreto reglamentan los acuerdos migratorios
Tanto la enmienda a la normativa que rige al Congreso Nacional y sus diputados como la normativa son ahora Ley de la República y están vigentes.
Con ambos decretos los congresistas se blindan de cualquier acción penal, civil o administrativa en su contra como también los fondos que manejen ellos u otros servidores públicos que incluye a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's).
LE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué y cuándo se había derogado la inmunidad para los diputados en Honduras?
El miércoles la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) se pronunció contra de las reformas, ya que considera que 'pretenden paralizar varias líneas de investigación, más de 50 líneas de investigación, de la Ufecic'.
'A través de una reforma a una ley se pretende paralizar varias líneas de investigación, más de 50 líneas de investigación, de la Ufecic', cuestionó Luis Santos, vocero de la Ufecic.
Estas investigaciones quedarían paralizadas hasta que el Tribunal Superir de Cuentas (TSC) diga si hay responsabilidad o no.
