La fe de erratas, que supuestamente corrige una serie de manoseos que sufrió la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor, fue publicada ayer por el diario oficial La Gaceta.
Sin embargo, el caso no termina aquí porque la fe de errata conserva intacto el artículo 120, el cual, a criterio de los trabajadores, conculca el derecho a prestaciones a empleados sindicalizados que tienen el beneficio de un contrato colectivo.
Este contrato les garantiza, además de sus prestaciones, el derecho a jubilación.
El literal “f” del referido artículo dice: “No tendrá derecho a auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una pensión concedida o financiada directa o indirectamente por el Estado o por un instituto previsional público, cuyo valor actual, en la proporción aportada por el Estado, sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por auxilio de cesantía según el tiempo servido”.
Esto seguramente mantendrá la polémica entre las organizaciones sindicales donde hay contratos colectivos.
El abogado laboralista Fredín Fúnez dijo que investigará los alcances de este artículo.
Sin embargo, el diputado nacionalista Tomás Zambrano aseguró que los derechos de los trabajadores se conservan intactos como ha estado establecido por muchas décadas en el artículo 120 del Código de Trabajo.
La fe de erratas enviada a publicar por el Congreso Nacional subsana todas las alteraciones que sufrió la polémica ley en su camino a la Empresa Nacional de Artes Gráficas, donde se edita el diario oficial La Gaceta.
“Ante algunos señalamientos tanto del sector privado como el de los obreros, el Congreso Nacional procedió a cotejar las grabaciones de las sesiones donde se debatió y aprobó la ley en tercer y último debate, donde varios diputados hicieron observaciones y aportes a la misma y se comparó con el texto publicado en La Gaceta el pasado 5 de agosto”, dice un boletín del Congreso Nacional.
“Aquí lo que estamos buscando es fortalecer los procesos de revisión; lo que existió fue un error y errar es de humanos, lo importante es corregirlo a tiempo”, argumentó Zambrano.
“Aquí no ha existido dolo, ningún delito ni ninguna mala intención ni intereses oscuros”, agregó Zambrano.
La polémica sigue
El manoseo de 22 artículos de la referida ley no debe concluir con una simple publicación de una fe de erratas, según diputados de oposición y dirigentes políticos.
Diputados de la UD, Pac, Libre y el Pinu sostienen el criterio de que el manoseo no se subsana con una fe de erratas, porque esta figura solo es válida para corregir errores de forma y no de contenido.
Diputados como Edwin Pavón, Walter Banegas, Fátima Mena y Rasel Tomé exigieron que se investigue dicha manipulación y se castigue penalmente a los que trastocaron la norma.
“No se trata de enmendar una disposición a través de fe de erratas o de procesos alternos”, sostuvo la diputada Mena, del Pac.
Indicó que lo procedente es establecer conforme a los procedimientos ya establecidos por la ley y es que se declare nula la disposición trastocada.
“Pueblo hondureño, no permitamos un nuevo golpe al Poder Legislativo, esto quebranta al Estado hondureño y sería un terrible precedente”, advirtió Mena.
Sobre el tema, también se pronunció el presidente del Pac, Salvador Nasralla.
“Se modificó para tener implicaciones económicas. Es un robo, la persona que cambió la ley es un ladrón”, dijo Nasralla.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, anunció que presentarán un proyecto para derogar el decreto 056-2015 que da vida a la Ley Marco del Sistema de Protección Social.
“La mayoría de los partidos acompañaron esta iniciativa, nosotros no lo hicimos y hoy el tiempo nos da la razón”, dijo Tomé.
Criticó que la controversial ley fue impuesta en Honduras por organismos de crédito internacional para ahorrarle dinero al Estado.
Lo raro del caso es que la Ley de Protección Social fue consensuada con dirigentes sindicales que han guardado silencio.
La fe de erratas corrigió más de 15 artículos del cuerpo jurídico que entrará en vigencia el 4 de septiembre.
