TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) tendrá en los 298 registradores civiles municipales posiblemente la tarea más sensible, la más complicada, porque estos funcionarios tienen decenas de años de trabajar y están matriculados con uno de los partidos tradicionales, al que le deben obediencia y lealtad, según fuentes consultadas en la institución.
Los mismos funcionarios y exfuncionarios del RNP reconocen que los registradores civiles son todo un poder en el interior del país que se vuelven más importantes en períodos electorales porque son los responsables de ordenar los traslados de domicilio y del trámite y posterior distribución de las tarjetas de identidad.
Estos funcionarios están distribuidos a razón de 119 que pertenecen al gobernante Partido Nacional, otra cantidad similar al Partido Liberal con la diferencia de que un porcentaje de estos emigró al partido Libertad y Refundación (Libre).
El 20 por ciento restante se lo distribuyen los partidos Unificación Democrática (UD), la Democracia Cristiana (ambos aliados con el Partido Nacional) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu).
Los registradores “son ministros de fe pública encargados de inscribir, en su respectiva área geográfica nacional y para fines jurídicos y estadísticos, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas naturales”.
Los políticos crearon la figura de “registrador civil auxiliar”, que por lo general, y cumpliendo con el principio de “equidad política” (dualidad de funciones), representa los intereses del partido opositor al que pertenece el registrador civil municipal. Se trata, pues, de una distribución equitativa y política de los principales cargos del RNP.
Según fuentes vinculadas al RNP, un alto porcentaje de registradores no tiene la formación académica para ocupar el cargo, pero su nombramiento no encontró inconvenientes porque fue propuesto por su partido político a través de los diputados de la zona.
Entre algunas de las debilidades atribuidas a los registradores civiles están la inscripción dolosa de ciudadanos, la retención de tarjetas de identidad con la finalidad de que los ciudadanos no ejerzan el sufragio y la aprobación de traslados de domicilio sin sustentación, que son anulados por el TSE.
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