TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la finalidad de salvaguardar la seguridad individual de los privados de libertad en los centros penales de El Pozo (Ilama, Santa Bárbara), La Tolva (Morocelí, El Paraíso), El Porvenir (El Porvenir, Francisco Morazán) y la Penitenciaría Nacional de Támara (Distrito Central), la Sala de lo Constitucional presentó de oficio un recurso de exhibición correctivo.
El requerimiento es contra las actuaciones del director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) Otoniel Castillo Lemus y también contra los jefes de los reclusorios antes citados; esto por los hechos violentos ocurridos el sábado y domingo, 8 y 9 de abril, respectivamente.
Para dar cumplimiento a este proceso de investigación se nombró a los jueces ejecutores Silvia Chinchilla, quien se desempeña como defensora pública en la capital de la República y a Wilmer Candelario Hernández Erazo, también defensor público en el departamento de Santa Bárbara.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial explicó que la labor de los jueces ejecutores será “recabar toda la información, recopilar todas las incidencias que se han presentado, en el menor plazo posible presentar el informe que corresponde”.
Posterior a ese informe presentado por estos dos profesionales del derecho, Duarte indicó que “la Sala de lo Constitucional, en su sentencia, establecerá cuáles son los correctivos y las acciones que deben de ser ejecutadas en principio por los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y luego por los directores de estos centros penitenciarios, siendo que es contra ellos que se presenta el recurso de exhibición personal”.
Con este recurso de exhibición personal contra los oficiales de la Policía Nacional, la Sala de lo Constitucional determinará en qué responsabilidad incurrieron los señalados en las reyertas entre los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 y las consecuencias que estas tuvieron.
