TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Quién ejerce la autoridad en las centros penitenciarios de Honduras sigue siendo objeto de cuestionamientos, pues en reiteradas ocasiones se ha informado sobre masacres, decomiso de armas, drogas y otros objetos, hasta fuga de reos y suplantación de identidades, todo esto sin que ni siquiera la militarización de las cárceles que se realizó hace algunos años haya podido frenarlo.
Y este sábado, mientras el país conmemoraba las actividades de Semana Santa, un nuevo hecho violento evidenció que las maras y pandillas deciden lo que se hace o no al interior de los presidios.
Esa es la única explicación para que de forma simultánea se hayan desatado tiroteos a la misma hora en al menos tres cárceles diferentes: ‘El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y ‘La Tolva’ en Morocelí, El Paraíso, además de la cárcel de Támara en el Distrito Central.
El saldo fue un reo muerto y siete heridos, además de decenas de empleados atemorizados y cientos de familiares de los mismos reclusos preocupados, pues se encontraban de visita cuando las balaceras comenzaron.
De acuerdo a un reporte inicial de la Policía Nacional, “una de las organizaciones criminales habría recibido instrucciones de un grupo de personas desde fuera de las cárceles para tratar de desestabilizar la seguridad nacional durante los últimos días de la Semana Santa”, pero pasadas las horas las autoridades dijeron creer que se trata de algo más profundo.
Y es que cuando un reo de la Pandilla 18 era trasladado a un centro médico por presentar heridas de arma de fuego, un periodista le consultó cómo se originó la reyerta, ante lo cual se limitó a contestar: “Ahí van a ver después esa onda”.
Y horas más tarde, mediante una llamada telefónica a un canal de televisión, otro recluso explicó las supuestas razones por las que protagonizaron los hechos violentos, aprovechando para lanzar amenazas a las autoridades de gobierno.
“La petición que nosotros le hacemos al Gobierno de la República es que la DIPAMPCO no siga agarrando más gente y trayéndola a Támara. Todo por culpa de esa policía DIPAMPCO ( Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado). Este gobierno no le trae nada al reo, ni papel ni pasta”, explicó el privado de libertad haciendo alusión a un kit de higiene personal.
“Cualquier man que traigan lo vamos a matar en todos los centros penales”, agregó en tono furioso.
Pero eso no fue todo, además dejó claro que no están jugando y que la medida se pondrá en marcha de inmediato. “Eso va a pasar en todos los centros penales a partir de este momento. Esto sólo es para que vean que no vamos a andar con juegos”, sentenció el recluso.
Estas amenazas dirigidas a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ocurre en el marco de los operativos y capturas realizadas durante el estado de excepción que permanece vigente en el país desde el 6 de diciembre, por lo que las autoridades creen que se trata de una reacción natural al sentirse perseguidos.
¿Efectos del estado de excepción?
El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus, indicó que las reyertas simultáneas son “una respuesta de las estructuras criminales como consecuencia de las recientes medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en contra de las estructuras criminales”.
Los enfrentamientos entre grupos criminales ocurren un día después de que el Consejo de Ministros comunicara la ampliación del estado de excepción por otros 45 días en 123 municipios de Honduras y según las autoridades, esta herramienta legal ha posibilitado la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales, lo que según ellos ha generado reacciones violentas en los líderes de estos grupos.
Sin embargo, algunos sectores consideran que el estado de excepción no basta para poner orden a las maras y pandillas, pues el problema de ingobernabilidad dentro de las cárceles viene ocurriendo desde antes y requiere una solución focalizada e independiente de la captura de delincuentes en la calle.
Para el sociólogo Pablo Carías, las reyertas registradas durante la tarde del sábado, no son más que parte del “fracaso continuado” de la estrategia de seguridad del actual gobierno.
“Esta fue una acción muy bien coordinada y uno no termina de entender cómo es posible que siendo estas cárceles de máxima seguridad pueden entrar armas de grueso calibre y que los privados de libertad puedan hacer uso a discreción”, lamentó Carías.
De igual forma, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) recomendó a las autoridades una depuración del personal penitenciario que han fallado en su función de ejercer el control a lo interno de los centros de reclusión.
“Reiteramos al Estado de Honduras que los recurrentes actos de violencia y muertes suscitadas en las cárceles de máxima seguridad, ponen en evidencia la falta de coordinación en garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, dijo por su lado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Al parecer estos consejos e inquietudes llegaron a la presidenta Xiomara Castro, quien este domingo anunció en sus redes sociales la intervención inmediata del INP.
“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”, comenzó.
La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo”, agregó, al tiempo que aseguró que el lunes brindará mayores detalles de sus decisiones, las cuales se ejecutarán de forma urgente.
Sin embargo, su anuncio fue repelido minutos más tarde con un nuevo tiroteo al interior de ‘El Pozo’, en una clara actitud desafiante.
