El viceministro de la Secretaría de Salud, Francis Contreras, informó que hasta el momento “no sabemos quiénes son las personas que están señaladas” por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ente que denunció un saqueo de seis millones de lempiras por parte de funcionarios que están actualmente dentro de esa cartera ministerial.
El CNA denunció el miércoles a siete empleados y a una alta funcionaria de Salud por la millonaria sobrevaloración por el pago de una consultoría para la creación de un programa informático.
Contreras aseguró que la Secretaría tiene puertas abiertas para que los entes de contralores investiguen y que brindarán toda la colaboración que sea necesaria, para llegar al fondo del asunto.
El funcionario explicó que la institución hasta el momento no ha tomado acciones porque “en un Estado de derecho hay que respetar la presunción de inocencia en primer lugar”.
Sin embargo, recalcó que “no tenemos información de quiénes son las personas que están siendo investigadas, o que están siendo señaladas en este caso”.
Indicó que esperarán a que el Ministerio Público pueda facilitar los nombres de los señalados y que si estos son vencidos en juicio y declarados culpables la Secretaría seguirá el procedimiento administrativo correspondiente.
Asimismo aclaró que la Secretaría de Salud no es un ente “juzgador ni impartidor de justicia”. Explicó que como autoridades no encubrirán a nadie “porque eso es un delito y no podemos cometer un ilícito, nosotros vamos a dar toda la colaboración que se requiera”.
Sistema
Según fuentes de la Secretaría de Salud, el sistema por el cual se hicieron los pagos fraccionados es un programa computacional creado para el control de registros de medicamentos, equipos e insumos.
El sistema se implementó, específicamente, en las instalaciones sanitarias regionales para que las autoridades centrales tuvieran información inmediata sobre el abastecimiento en las clínicas y hospitales a nivel nacional.
No todos los empleados de la Secretaría tienen acceso al sistema, autoridades mencionaron en su momento que desconocían detalles del mismo.
Tampoco especificaron si el software está en funcionamiento actualmente o no.
Acusación
Según el CNA, el proyecto debió costar un millón 800 mil lempiras, pero se pagó por el más de ocho millones de lempiras, lo que resulta una sobrevaloración de más de seis millones.
Los investigadores del ente de sociedad civil establecieron que los implicados habrían cometido los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos.
Además acusan de fraude a la persona natural que se desempeñó como consultor.
Los personeros del CNA se reservaron los nombres de los implicados para evitar su fuga o la modificación de las pruebas, ya que actualmente los ocho empleados laboran en la Secretaría de Salud.
Además, este detalle no fue revelado para no entorpecer las pesquisas que iniciarán los fiscales a los que se asignen el caso.
Investigación
Luego de la presentación de la denuncia en las instalaciones del Ministerio Público por parte de autoridades del CNA, el expediente será asignado a un fiscalía especial para que inicien las pesquisas por parte del ente acusador del Estado.
En su primera etapa, los agentes utilizarían la figura del “secuestro” de documentos para compararlos con los presentados por el Consejo Anticorrupción.
Para eso, los agentes deberán desplazarse a las instalaciones de Salud
