San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades con la mayor población pandillera, según un informe que el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) entregó este miércoles a la primera dama Rosa Elena de Lobo.
En la capital industrial está asentado un 60 por ciento, mientras que en la capital hondureña se encuentra el 20 por ciento.
El informe 'Situación de Maras y Pandillas en Honduras' refleja la gravedad de la problemática de violencia e inseguridad en el país.
El 'amplio' documento realizado por
el PNPRRS, dependencia del despacho de la Primera Dama y dirigido por el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihhfa), Felipe Morales, fue puesto a disposición de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales.
Elena de Lobo dijo sentirse satisfecha con el estudio, ya que 'es una herramienta que será de enorme utilidad para orientar programas de asistencia y prevención en el problema de la violencia' y de gran valor para la ejecución de programas preventivos.
Durante la ceremonia de entrega, la esposa del mandatario hondureño indicó que el problema de la violencia y conflictividad social obliga al
gobierno a tomar acciones que permitan superar el tema de maras y pandillas en el país para bien de la sociedad y 'en
especial (para el bienestar) de los niños y niñas'.
No obstante, detalló que los programas y entidades del Estado que están a su cargo han realizado una discreta labor desde el 2010, obteniendo como 'fruto el informe sobre la Situación de Maras y Pandillas en Honduras'.
El documento destaca que las ciudades de Tegucigalpa (junto a Comayagüela) y San Pedro Sula son las metrópolis
donde se concentra la mayoría de integrantes de maras y pandillas, aunque con diferencias significativas.
El 60 por ciento de los adeptos a estos grupos están distribuidos en San Pedro Sula,
seguido de la capital con un 21 por ciento. El 19 por ciento restante está distribuido entre Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, La Lima, El Progreso, La Ceiba, Jutiapa, Roatán, Tocoa, El Paraíso y Danlí.
En el diagnóstico se aborda la problemática de la violencia de 13 ciudades, dijo la Primera Dama, 'y que va mas allá al mostrar la situación de expandilleros en centros penales y las alternativas para su rehabilitación y reinserción social'.
Agradeció al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) por la
asistencia técnica y el apoyo presupuestario para la ejecución de
la investigación.
Mientras que el titular del Ihnfa,
Felipe Morales, aseveró
que el estudio no lleva ningún objetivo de represión ni de promover más luchas en contra de los jóvenes pertenecientes a estos grupos 'delincuenciales', sino que
la prioridad es
'tender un brazo de parte del Estado y buscar un camino mejor para esos jóvenes en riesgo con alternativas distintas'.
La representante de Unicef, Cristian Munduate, apuntó que la región se ha visto muy afectada por el crimen organizado, fenómeno que se refleja en delitos como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y uso de adolescentes a través de pandillas multinacionales.
Asimismo, hizo un llamado de reflexión para que el tema no sea tratado con indiferencia, 'sino de forma cercana a la vida diaria, lo que implica que todos tienen un papel que cumplir para proteger y garantizar una vida plena en el marco de los derechos que tienen
los niños y niñas en cada comunidad'.
