Los 100 millones de dólares que Hugo Chávez donó a Casa Presidencial, en el mandato de Manuel Zelaya, es una denuncia seria que se debe esclarecer.
Esta es la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
El fin de semana anterior, el candidato presidencial del partido Primero Justicia, Henrique Capriles, señaló en un discurso de cierre de campaña que el presidente Hugo Chávez regaló a la Casa Presidencial 100 millones de dólares
(1,900 millones de lempiras), en la gestión de Manuel Zelaya.
La denuncia provocó la reacción de diversos sectores de la sociedad, incluidas las máximas autoridades del Poder Judicial.
“Nosotros pensamos que es una denuncia seria, que 100 millones de dólares no se esconden así nomás, en algún lado tienen que estar”, expresó Rivera Avilés.
“Si no están en ningún lado tienen que estar en la bolsa de algún funcionario que los haya recibido”, agregó.
A su criterio, la cantidad de dinero es considerable y no es posible que se desconozca dónde se encuentra o en qué se gastó.
“Es demasiado pisto, no es posible que se haya perdido o en su caso deberá decirse en qué fue gastado”, expresó el presidente de la CSJ.
Coordinación
La denuncia fue inicialmente investigada por el Tribunal Superior de Cuentas, en una auditoría practicada en Copeco; donde trascendió en una sesión de directivos el donativo de los 100 millones de dólares.
El ente contralor detectó indicios de responsabilidad penal, por lo que remitió el expediente al Ministerio Público (MP).
La Fiscalía pidió al TSC que amplíe la auditoría, ya que en el informe no se señala el destino de 98 de los 100 millones de dólares.
El TSC contestó que no tiene nada más que informar, porque los fiscales tienen las evidencias originales.
Esto refleja la falta de coordinación de los entes contralores y fiscalizadores, lo que motiva a Rivera Avilés a hacerles un llamado.
“Yo creo que tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Cuentas deben reunirse para buscar una sola línea, como decía un expresidente ‘empujar en una misma dirección’ y buscar la verdad y los culpables en este asunto”, recomendó.
En relación al tema de la corrupción, muchos sectores se quejan que el caso del “carretillazo”, referido a la sustracción de unos 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, se encuentra estancado en los tribunales.
Explicó que la Sala Constitucional está conociendo un recurso de amparo que se admitió con la suspensión del acto reclamado (el arresto domiciliario y la fianza aplicada a Enrique Flores Lanza).
“Habrá que decidir sobre estos asuntos y oportunamente seguir el procedimiento conforme a derecho”, dijo.
Por consiguiente, garantizó que se emitirán resoluciones judiciales en procesos de investigación y judicialización por actos de corrupción, las que la misma sociedad debe exigir.
Asistencia judicial
Con respecto a la donación de los 100 millones de dólares de Chávez a “Mel”, el MP orienta sus diligencias en el ámbito internacional.
El portavoz del MP, Melvin Duarte, confirmó la información de EL HERALDO sobre la solicitud que se hará a Venezuela de informar qué se sabe en ese país de la millonaria donación. En la Fiscalía contra la Corrupción se tomó la decisión de enviar una asistencia judicial a Venezuela, para saber si en efecto existe tal donación, informó Duarte.
De confirmarse la dádiva se espera conocer cómo llegó el dinero a Honduras, quién o quiénes lo recibieron y para qué propósito, entre otras dudas.
Dicha asistencia judicial se concretará en base a la Convención Interamericana contra la Corrupción y debe seguir un trámite interno antes de ser enviada a Venezuela.
La solicitud la firmará el fiscal general, Luis Rubí, la que se enviará a la Secretaría del Interior, quien es la representante de Honduras ante dicha Convención.
Esta cursará el oficio a Relaciones Exteriores para que la envíe a la Fiscalía General de Venezuela, quien es la autoridad representativa ante la Convención contra la Corrupción.
Se espera la voluntad de la Fiscalía y del gobierno de Venezuela en responder a la información solicitada, dijo Duarte.
Se confía en que la próxima semana se enviará la petición de la asistencia judicial.
La exministra de Finanzas, Rebeca Santos, reveló ayer que la ayuda otorgada por el gobierno venezolano de Hugo Chávez a la administración de Manuel Zelaya, representó un monto de 233.6 millones de dólares.
Detalló que mediante la iniciativa de Petrocaribe, los recursos que se recibieron fueron de 183.6 millones de dólares y lo que se pagó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron 79.3 millones de dólares.
Respecto a los fondos que se recibieron de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), dijo que fueron 50 millones de dólares. Rehuyó responder de dónde salieron los recursos para el proyecto político de la cuarta urna.
Fiscalía analiza investigar el “valijagate”
La supuesta lluvia de dólares que cayó sobre el gobierno de Manuel Zelaya, procedentes de Venezuela, engrosarían los expedientes investigativos del Ministerio Público.
La Fiscalía contra la Corrupción recibió el reporte de las noticias divulgadas ayer sobre el caso conocido como el “valijagate”.
Trascendió que Guido Antonini Wilson, el principal implicado en el ‘valijagate”, mediante el cual Venezuela enviaba 800,000 dólares para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, habría declarado ante un juez que también hubo envíos de maletas llenas de dólares para apoyar procesos políticos en Honduras, Nicaragua y Ecuador.
Antonini es testigo protegido del FBI y principal testigo de la Fiscalía de EUA. Testificó que él vio cómo en la valija diplomática de PDVSA se movilizaban los dólares a los países antes descritos.
La Fiscalía resolverá el lunes si abre un expediente investigativo de este caso. De ser así, solicitaría una asistencia judicial a EUA.
