TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La llamada telefónica entre el ministro José Carlos Cardona y Tomás Vaquero, dialogando sobre problemas internos de Libertad y Refundación (Libre), ha hecho que expertos sospechen que el gobierno está interviniendo llamadas telefónicas sin órdenes judiciales, algo que prohíbe la ley.
En el audio, los ministros expresan su frustración por la falta de control y disciplina en relación con las acciones del ministro de Finanzas, Marlon Ochoa.
Ante esto, conversaciones vía llamada telefónica entre altos funcionarios e incluso periodistas con diputados han salido a la luz pública en los últimos meses, dejando un mar de preguntas entre la población: ¿Será que tienen intervenidos los teléfonos? ¿El gobierno nos escucha? ¿O todas las conversaciones son para desviar la atención?
Según expertos consultados por EL HERALDO, coinciden en que posiblemente el gobierno está detrás de esta situación debido a los síntomas que presenta: el año anterior intentaron aprobar una segunda “ley de escuchas” que permitiría intervenir hasta las redes sociales sin orden judicial.
Además, otro indicio para los expertos es que la Secretaría de Seguridad adquirió el software Pegasus, conocido por ser utilizado para vigilar a periodistas y líderes de la sociedad civil, así como a la clase política opositora.
Sospechas sobre el gobierno
“Es muy difícil que esta filtración de audios provenga de un sector que no tenga acceso, sobre todo con esta tecnología y este tipo de software que ya se había anunciado que el gobierno había adquirido”, explicó Keneth Madrid, experto en temas de seguridad y exdirector de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Como sociedad nos preocupa este tema porque esto es espionaje y es un derecho constitucional que no se puede violar, o al menos no sin una orden de algún juez.
Esta situación es preocupante y además implica el uso de un equipo sofisticado. En un Estado de derecho, esto no debería ocurrir”, reprochó.
El artículo 100 de la Constitución de la República establece el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
“Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”, dice la ley.
Desde el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) también sospechan del gobierno, advirtiendo además que si se descubre que el gobierno está detrás de todas las filtraciones, podría enfrentar severas repercusiones internacionales por los tratados a los que está sujeto.
“Hay que denunciar al Estado porque está violando varios convenios internacionales”, dijo Saúl Bueso, miembro de C-Libre.”
Se está vulnerando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, detalló Bueso.
Durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), se aprobó la Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, la cual establece intervenir llamadas solo por causa concreta y con orden judicial.
Ante las sospechas de que el actual gobierno pueda estar practicando estas intervenciones, EL HERALDO intentó comunicarse con la Secretaría de Seguridad, sin obtener respuesta.
Tampoco respondió a las llamadas Ricardo Salgado, ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Ramón Maldonado, señaló que estas prácticas han ocurrido en todos los gobiernos, pero instó a la población a denunciarlas.
“Realmente es una situación que se ha dado en todos los gobiernos. Esto siempre ha sido negado por la parte gubernamental, pero es una práctica que uno siente”, analizó Maldonado.
Según medios salvadoreños y organizaciones, el software Pegasus también se utilizó en El Salvador para que el presidente Nayib Bukele vigilara a los opositores y sus acciones, una práctica que podría estar replicándose en Honduras.
Sin embargo, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, desestimó las teorías anteriores al argumentar que “hay que distinguir que no tenemos una ley de escuchas y el sistema que compró el gobierno solo puede rastrear ciertos tipos de frecuencias de teléfonos celulares, por lo tanto, dudo que el gobierno esté involucrado en eso”.
Umaña no descartó que el gobierno pueda intervenir las llamadas por otros medios.
