TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Camuflado en un proyecto de ley orientado a regular la venta de chips, el gobierno pretende intervenir las comunicaciones telefónicas y de redes sociales sin una orden judicial.
Los congresistas de oposición y analistas reaccionaron alarmados y denunciaron que se trata de un proyecto disfrazado.
El proyecto denominado “Ley de escuchas” fue enviado desde el Poder Ejecutivo al Legislativo para darle curso hasta ser aprobado y publicado en La Gaceta.
El jueves pasado, el decreto pasó en su primer y segundo debate en el Congreso Nacional y fue ahí donde las alarmas se encendieron.
Justamente el artículo 23, de los 31 que contienen, dice textualmente: “Los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrared, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las 24 horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia”.
El mismo articulado contempla: “Los registros técnicos referidos en este apartado son: registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados de terminal a terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IP, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que a futuro se implementen”.
Es este último apartado el que permite la intromisión a redes como WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, entre otras, sin una orden judicial.
Para la bancada del Partido Nacional (PN) esto significa una clara persecución a los antagónicos al oficialismo.
“El régimen socialista de libre quiere intervenir las comunicaciones de todos sus opositores sin orden judicial”, protestó Tomás Zambrano, jefe de bancada del PN.
De su lado, el Partido Liberal alertó que “el gobierno quiere acceder a tus conversaciones de WhatsApp y Telegram, violentando el artículo 100 de nuestra Constitución y la resolución 42/15 de la ONU sobre el derecho a la privacidad en la era digital. El Partido Liberal no lo permitirá”.
Ratificó que “nadie tiene derecho a escuchar tus conversaciones”.
Para analistas , este tipo de medidas preocupan y no son bien vistas por la población por lo que llaman al Congreso Nacional a impedir la aprobación.
“El Congreso tiene que romper con ese modelo que se quiere imponer y que es contrario al modelo democrático. Aquí la privacidad dejó de existir hace varios años y violada por órganos del Estado”, señaló el analista Raúl Pineda Alvarado.
No hay peligro
Para Sandy Palma, experta en ciberseguridad, no es cierto que se esté atentando con la privacidad de los hondureños, pero el proyecto de ley deja vías abiertas a que se mal piense.
“La intención no es esa, pero considero que para quitar esa polémica y dejar claro es que pasan algunas definiciones... Así como está el proyecto genera alguna laguna jurídica, pero solo es de ajustar definiciones”, analizó.
Pero a vista de la población, políticos y analistas, la privacidad está en riesgo y hasta atenta contra el periodismo.
“Es una violación al artículo constitucional. Solo una orden puede ordenar el vaciado de los teléfonos celulares”, dijo el diputado del PSH, Carlos Umaña.
En Libre admiten que intervenir las comunicaciones es ilegal y aseveran que el fondo de la iniciativa no es ese.
“Intervenir las comunicaciones es prohibido por la Constitución a menos que exista una orden judicial. La Ley Integral para la Seguridad de Telecomunicaciones no pide intervenir las comunicaciones”, aseguro el diputado de Libre, Mario Portillo. Honduras cuenta con una ley que faculta a las autoridades a realizar vaciados telefónicos y otras pesquisas, pero con orden judicial.
En tanto, el artículo 100 de la Constitución demanda “que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial”.
El dictamen está en segundo debate y en el tercero los congresistas pueden frenar su aprobación.
