TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuestionado decreto de amnistía política o “Pacto de impunidad” no será derogado ni aunque sea uno de los requisitos para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Así lo hizo saber a EL HERALDO el congresista de Libertad y Refundación (Libre) Obed López. “El decreto 4-2022 es una ley bien trabajada en la que solo se beneficia a los perseguidos políticos... Este decreto lo vamos a sostener, es una ley correcta, que devuelve los derechos que se le quitaron a los perseguidos políticos”, afirmó el congresista.
Sin embargo, los diputados de las bancadas antagónicas hicieron saber que están en una lucha para derogar el literal A del decreto 4-2022 que tiene en libertad a políticos que cometieron corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
De hecho, en la pasada sesión legislativa, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, presentó una moción de sugerencia para eliminar el literal A, pero fue ignorado.
Piden derogar
Desde el Partido Salvador de Honduras (PSH) perfilaron una posición en contra de este decreto que “cobijó los delitos de los corruptos”.
“Somos los que hemos dicho que se eliminen. Ya días estamos diciendo que lo metan para derogarlos, esto sería un paso firme”, dijo Carlos Umaña, del PSH.
La semana pasada la Junta Directiva del CN celebró la derogación de los artículos 93-2021 y el 57-2020, que pertenecen al “Pacto de impunidad”.
Sin embargo, la trampa está en el literal A que no será derogado. “No tendremos CICIH, lo que este gobierno quiere es una arma para combatir a opositores”, analizó el designado Salvador Nasralla.
Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri están entre los personajes beneficiados con el pacto de impunidad.