Tegucigalpa, Honduras
Desde 2011, el gobierno de Estados Unidos le viene entregando anualmente a la Policía hondureña alrededor de 15 millones de dólares con el fin de fortalecer su capacidad de operaciones en la protección de la ciudadanía.
Así lo reveló recientemente The New York Times (NYT) al publicar los nombres y apellidos de los miembros de la cúpula policial y mandos intermedios de finales de 2009 y diciembre de 2011 que estarían involucrados en el asesinato del jefe antinarcóticos Julián Arístides González Irías y el exasesor policial Alfredo Landaverde.
Estos datos que coinciden con un informe divulgado el 4 de abril por EL HERALDO.
El medio norteamericano cuestiona tales aportaciones porque no han repercutido positivamente en beneficio de la población, por el contrario, la Policía se volvió una institución con una gran cantidad de oficiales y agentes con una conducta delincuencial incorregible.
Apoyo
En los años 2011, 2012 y 2013, el gobierno de Estados Unidos daba a la Policía de Honduras alrededor de 15 millones de dólares al año.
En 2013, tras muchos cuestionamientos sobre la implicación de la Policía de Honduras en ejecuciones extrajudiciales, parte de la ayuda fue suspendida por el Congreso estadounidense en aplicación de la conocida “Ley Leahy”.
El entonces secretario de Estado adjunto, William Brownfield, declaró en mayo de 2013 que “si el gobierno de Estados Unidos no trabajaba con la Policía, tendría que trabajar con el ejército, al que casi todo el mundo ve peor en cuanto a que casi todo el mundo acepta que es peor que la Policía para ejercer labores de seguridad ciudadana, o la comunidad se tomará la justicia por su propia mano'.
'En otras palabras, eso sería la ley de la jungla: donde no hay policía y cada ciudadano se arma y está preparado. Esas son las tres opciones y aunque la Policía pueda tener ahora algunos defectos, es la menos mala de las tres opciones disponibles”, opinó.
A pesar del bloqueo de los recursos, en 2014 los fondos fueron liberados y entregados de nuevo, expone The New York Times.
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Irreformable
Desde 2013, cuando le bloquearon los fondos, ya se sabía que la Policía era irreformable.
Por eso, ante tal situación, el gobierno de Estados Unidos decidió diseñar un sistema por el cual solo trabajaría con ciertas unidades de la Policía, investigadas y verificadas por la Embajada, pero no con el director general (en ese entonces el general Juan Carlos Bonilla) ni con los hombres en su cadena de mando.
Necesitaba mostrar que tomaba medidas en un contexto de crecientes acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte de la institución.
La Policía de Honduras tiene unidad de mando y acción y era imposible dividirla, separar a los agentes de sus mandos, a lo sumo podía aspirarse a tratar fugas de información.
“Por aquel entonces ya todos sabían que era muy difícil que la institución se reformara”, publicó el NYT.
En noviembre de 2011, después de que se hiciera público que el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, y uno de sus amigos fueron asesinados por un grupo de agentes de Policía, estos, tras ser detenidos, obtuvieron un permiso de sus superiores con el que pudieron escapar.
Limpieza
Incluso, The New York Times hace referencia al fracaso del proceso de descontaminación de la Policía.
Recuerda que el presidente Porfirio Lobo (2010-2014) lanzó un proceso de depuración policial. Estados Unidos lo apoyó hasta que, en marzo de 2013 y ante la ausencia de resultados, abandonó su colaboración.
Tal era el descontrol policial en la época que en una comparecencia en el Congreso a mediados de 2013 el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, demostró que no sabían a ciencia cierta cuántos agentes o patrullas tenía la Policía.
O que tras revisar los antecedentes penales o patrimoniales y aplicar cientos de pruebas de confianza y de polígrafo en las que muchos agentes habían sido reprobados, la Secretaría de Seguridad solo había despedido a siete que, por defectos de forma -porque su separación del cuerpo se había hecho sin seguir la ley-, lograron detener su despido.
Después de eso se terminó cualquier intento de transparencia y no es posible saber qué ha sucedido, cuántos oficiales han sido depurados, pasados a retiro o reincorporados tras ser separados, señala el diario norteamericano.
Continúa diciendo The New York Times que en vista del fracaso se emitió un nuevo decreto para que el general Bonilla pudiera depurar de manera expedita la institución.
Según (Arabeska) Sánchez, consultora de seguridad, el decreto “generó más problemas que soluciones: 277 de los depurados, cuyo número no se sabe con exactitud, presentaron una demanda ante la Corte Suprema, y muchos de ellos ganaron. Desde entonces han sido retornados a la Policía y se les han dado nuevas asignaciones”.
La Maccih
A Adam Blackwell, un diplomático canadiense que formó parte de la comisión para la reforma de seguridad en Honduras en el momento en que se emitieron los informes, le nace la desconfianza.
Esta semana dijo en una entrevista que le “cuesta creer que un ministro de Seguridad no sea informado de una investigación de estas características”, refiriéndose a la indagación de los autores intelectuales de los asesinatos de González Irías y Landaverde.
En relación con los asesinatos del general Arístides González y Alfredo Landaverde, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a The New York Times, a través de su portavoz Joseph Crook, que ofreció ayuda en su día para investigarlos y que en 2015 se le habían facilitado asesores al fiscal general Óscar Chinchilla.
Pero no se sabe nada sobre el resultado del trabajo de esos asesores ni sobre la posibilidad de que conocieran los informes de los asesinatos.
Crook agregó que “se continuará apoyando a la Policía de Honduras en su esfuerzo por eliminar la corrupción y la impunidad en todos los niveles”.
En su publicación, el periódico estadounidense destaca la instalación en Honduras de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), cuyo director Juan Jiménez Mayor ha dicho que serán ellos quienes elijan los casos a investigar.
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La corrupción policial puede caer dentro del ámbito de competencia de la Maccih, pero la misión aún necesita crear los grupos de fiscales y de jueces que comiencen a trabajar.
Igualmente, el NYT señala que para el senador Patrick Leahy, un demócrata del estado de Vermont que lleva años monitoreando a las fuerzas de seguridad que reciben ayuda de Estados Unidos, “es muy difícil creer que se hayan ignorado los patrones de depravación y corrupción de la Policía y el ejército de Honduras. Es como una fraternidad y está claro que los encubren'.
Cuestionó que 'es inconcebible que quienes están en las posiciones más altas de la jerarquía no supieran lo que pasaba. Creo que nuestras autoridades han sido ingenuas por el modo en que han apoyado el comportamiento del gobierno de Honduras”. Añadió: “Las cosas no van a seguir igual. No vamos a seguir tirando el dinero”.
