TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el 30 de abril de 2020 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció que le presentó cargos por delitos relacionados con el narcotráfico, el exjefe policial Juan Carlos Bonilla comenzó acercamientos con la Agencia Antidrogas (DEA) para finiquitar su entrega voluntaria a la justicia estadounidense.
La negociación inició directamente a través de llamadas telefónicas e intercambios de mensajes con el veterano agente especial Sandalio González, relató a EL HERALDO una fuente muy cercana a “El Tigre”.
Pero tras varios intercambios de llamadas no se concretó nada, pues Bonilla insistió en que él era inocente, negándose a aceptar los cargos que le imputa la justicia norteamericana.
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“Al final (la negociación) se cayó porque ‘El Tigre’ no aceptaba su vinculación en actividades del narco y se declaró inocente”, declaró la fuente.
En sus últimas apariciones en público, el exdirector de la Policía Nacional (21 de mayo de 2012 al 19 de diciembre de 2013) declaró: “No soy un narcotraficante, yo no soy un sicario y, por lo tanto, rechazo categóricamente una situación de esas”.
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Proceso judicial
Tras la captura, el Ministerio Público buscó en sus archivos si el comisionado general de policía en condición de retiro -y ahora extraditable- tenía alguna acusación judicial vigente incoada por parte de alguna de las fiscalías. Hasta las 6:00 de la tarde de este jueves no había encontrado ningún caso pendiente que evite que el oficial en retiro sea entregado a la justicia de Estados Unidos.
Desde el año 2002 el nombre de Bonilla comenzó a sonar fuerte dentro de las filas de la Policía. Los agentes lo describían como un oficial rudo, frío y sanguinario.
Ese mote se vio fortalecido no solo por su apariencia, sino por el señalamiento del Ministerio Público de que estaba involucrado en la detención ilegal y ejecución de Jorge Luis Cáceres (alias “El Indio), uno de los presuntos secuestradores del empresario y exministro de Economía Reynaldo Panting.
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Panting fue secuestrado el 18 de mayo de 2002 en San Pedro Sula y el 2 de mayo fue encontrado muerto. El 6 de junio de 2002, Cáceres fue acribillado en el desvío a la aldea La Libertad, Ceguaca, Santa Bárbara.
El cadáver presentaba 32 perforaciones de bala. Días después la Fiscalía acusó a Bonilla como supuesto ejecutor, incoándole los delitos de detención ilegal y asesinato, por lo que el 9 de octubre de ese mismo año se emitió la orden de captura contra “El Tigre”.
Bonilla se presentó voluntariamente al tribunal sampedrano. Fue absuelto en 2004 y la sentencia fue ratificada en 2009 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Denuncia
Tras la muerte de su hijo Óscar Roberto Ramírez en una balacera ocurrida el 17 de febrero de 2013 en un restaurante ubicado al sur de la capital, el también exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del Cid denunció que tras la muerte de su vástago estaba “El Tigre” Bonilla.
El Ministerio Público no encontró evidencia de que Bonilla estuviera vinculado al crimen de Ramírez.
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Caso Arita
Según el testimonio de “Chande” Ardón ante los fiscales, en 2011 un narcotraficante de la zona de Santa Rita de Copán, denominado “Víctima-1” -identificado como Franklin Arita Mata- se opuso a que él y “Tony” Hernández traficaran con cocaína a través de su municipio.
“Cuando CW1 (Alexander Ardón) informó este problema a Hernández Alvarado, este le respondió, que la ‘Víctima-1’ (Franklin Arita) necesitaba ser asesinada, y que se dirigiría a Juan Carlos Bonilla para llevar a cabo el asesinato”.
Según el relato contenido en la acusación contra “Tony” Hernández, condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas, para ese momento “El Tigre” Bonilla estaba a cargo de la jefatura de la región noroccidental de la Policía, por lo que tenía jerarquía en varios departamentos, entre ellos Copán, fronterizo con Guatemala.
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En el documento se señala que en un informe de prensa de julio de 2011 se informó sobre el crimen de Arita y que “El Tigre” Bonilla había señalado que el narco y otros tres guardaespaldas fueron asesinados tras ser atacados desde un vehículo blindado por individuos que usaron dos lanzagranadas de 40 milímetros, rifles M-16 y rifles Galil.
Además, expresó que el ataque fue bien planificado y que para su sorpresa se había hecho de manera eficiente, porque los atacantes lograron limpiar el fondo de la escena del crimen. Bonilla siempre negó tales acusaciones.
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De acuerdo con el abogado y criminalista Gonzalo Sánchez, “el problema es que muchos altos miembros de la esfera gubernamental han sucumbido ante los ofrecimientos del crimen organizado y eso es lo que nos ha llevado a este vergonzoso problema de que personas que dirigen el país estén metidos en cuestiones de crimen organizado y narcotráfico”.
La solicitud de extradición de Bonilla no solo es un mensaje claro y directo de parte de Estados Unidos para los altos funcionarios del Estado, sino también para todos los hondureños, de que no deben involucrarse en este tipo de actividades.
“Lamento lo que le está pasando a ‘El Tigre’ Bonilla, lo conozco personalmente, y de veras que es preocupante que el Ministerio Público no haya actuado a tiempo y tenga que ser otro país amigo, vecino, que tenga que impartir justicia por nosotros los hondureños”, afirmó el criminalista.
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