Tegucigalpa, Honduras
La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información Pública está en la agenda de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para ser revisada.
Según Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Maccih, cuyos coordinadores inician hoy un proceso de socialización de la iniciativa, examinará todo aquel instrumento que sea obstáculo para cumplir los objetivos.
“Todo lo que sirva para proteger a los corruptos o para impedir su persecución deberá ser revisado y actualizado”, dijo en entrevista exclusiva con EL HERALDO.
Esta normativa, que fue aprobada el 20 de enero de 2014, prohíbe dar información que se declare clasificada a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público y Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
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También a la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación del Estado, Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las Personas (RNP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otras.
La Maccih, cuyo convenio constitutivo se firmó el 19 de enero, investigará casos de corrupción emblemáticos, entre otras funciones, y la Ley de Secretos podría ser un impedimento para que efectúe las pesquisas.
Guerrero se encuentra en Honduras para participar hoy en la presentación oficial de la Maccih junto a los cuatro coordinadores de esa entidad y otros tres altos funcionarios de la OEA.
El diplomático aseguró que la Maccih propondrá soluciones integrales en los temas de corrupción sin importar si se trata del sector público o privado. “La Convención Interamericana contra la Corrupción contempla todos los aspectos que es necesario cubrir para prevenir y combatir la corrupción. Habla de autores, coautores, instigadores, cómplices y encubridores, y esa será nuestra guía”, manifestó.
Acción
Detalló que el primer año la Misión tendrá un grupo de trabajo de aproximadamente 50 personas, incluyendo personal local y de apoyo. Pero dijo que en dos años esperan incrementar este número a 70 personas.
Prometió, además, que el trabajo, que durará cuatro años según el acuerdo, será exitoso porque responde a la realidad de Honduras.
“Es un modelo adaptado a las circunstancias del país y que por ello podrá ser exitoso. La Misión también recoge las mejores ideas en el terreno anticorrupción y la experiencia mundial en la materia”, comentó.
“No copia modelos porque cada país presenta circunstancias diferentes. También hay que tener en cuenta que el objetivo último y la clave del éxito de la Maccih es que en un período razonable de años, la justicia hondureña pueda ser confiable, justa y reconocida por la ciudadanía”, agregó.
Integrantes de la Maccih.
Al ser consultado sobre el trabajo que tendrán que realizar con organismos de seguridad del Estado que están siendo cuestionados como el Consejo de la Judicatura, Guerrero se limitó a decir que seguirán los principios de la misión que son inquebrantables.
“Gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional pueden confiar en que esa será nuestra guía y que no cederemos ante ningún tipo de presión”, expresó.
Expertos en lavado
En el tema de lavado de activos, que ha sido uno de los delitos más frecuentes en casos de corrupción como el desfalco al Seguro Social, Guerrero dijo que la Misión tendrá personal especialista en la materia.
“Hay cosas que se pueden decir públicamente, otras que serían contraproducentes. Lo que sí le puedo adelantar es que la OEA cuenta con un gran conocimiento acumulado en materia de modalidades al combate del lavado de dinero a través de los trabajos especializados de la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), que también se vincula con el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, explicó.
“Estos trabajos serán de gran utilidad para la Maccih. Ese es uno de los muchos temas que trataremos, porque la Maccih viene para cumplir con una agenda dirigida a transformar la justicia hondureña de forma radical”, acotó.
La Maccih también ejecutará un proceso de acompañamiento para la reforma de la Policía Nacional.
“El cuerpo policial es la cara visible del Estado en la represión a quienes violan la ley. Si la percepción de la gente es que no están cumpliendo bien su tarea, es urgente una reforma sustantiva”, señaló Guerrero.
“La misión otorga una gran importancia a esto y por ello habrá un coordinador específico para Seguridad Pública. La Maccih va a apoyar el proceso en curso de reforma de la Policía Nacional con la idea de contribuir a profundizarlo”, anunció.
Apuntó que la probidad y la transparencia de los funcionarios públicos son fundamentales para prevenir y combatir la corrupción, “y en el caso de las fuerzas policiales aún más”.
Funciones
La Maccih tiene cuatro componentes: Prevención y combate a la corrupción, reforma de justicia penal, reforma político-electoral y apoyo al sistema de seguridad pública.
Para el cumplimiento de la línea de prevención y combate a la corrupción, la Maccih podrá seleccionar y certificar jueces y fiscales que investigarán casos emblemáticos y de redes de corrupción.
Y podrá tener acceso ilimitado a la documentación pública que requiera para realizar las investigaciones.
En el caso de que los compromisos contraídos con el gobierno no sean cumplidos, la Maccih se reserva el derecho a retirarse.
La misión es fruto de un proceso de diálogo nacional convocado por el presidente Juan Orlando Hernández en 2015 para encontrar un mecanismo reformatorio del sistema jurídico, que contó con la mediación de la OEA.
La concertación fue la respuesta del Poder Ejecutivo ante las Marchas de la Antorchas realizadas por un sector de la sociedad civil, partidos políticos de oposición y la denominada Oposición Indignada para que se instalara una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras que investigue el pago de fondos mediante cheques al Partido Nacional, provenientes de empresas que desfalcaron al Seguro Social.
