El secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aclaró este martes que las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República no abarca a otros funcionarios de la administración pública y sólo los diputados son los investigados.
El directivo enfatizó que las reformas a la Ley de Presupuesto no pueden legalmente usarse para beneficiar a personas que ya están acusadas en los tribunales de justicia por desfalco de alguna institución del Estado, como lo están pretendiendo algunos abogados defensores.
La investigación que se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es sólo contra diputados de los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Lea también: Nikki Haley aplaude lucha contra el narcotráfico y la pandillas en Honduras
Zambrano indicó que ha escuchado en ciertos medios de comunicación a personas que pretenden mal informar, a solicitud de algunos abogados de personas que se encuentran privadas de libertad por delitos de malversación de caudales públicos y otros delitos contra la administración pública, de que estaban presentando algunos recursos de excepción para aplicarla a la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto.
En ese sentido, enfatizó que hay que dejar claro que con la última fe de erratas a la reforma de la Ley de Presupuesto, 'quedan bien establecidos los alcances jurídicos y legales y para quién abarcan los efectos legales del decreto'.
“Ese decreto es claro y le ordena al Tribunal Superior de Cuentas una investigación y auditoría especial única y exclusivamente a los fondos que han manejado los diputados en los últimos tres períodos que han gestionado proyectos, o ayudas sociales que han llevado a sus departamentos del período 2006-2010, 2010-2014 y 2014 y 2018, con eso queda despejada cualquier duda que ahí no abarca a ningún otro funcionario de la administración pública para poder hacer uso de este decreto”, resaltó.
Además: Vehículos nuevos y sin placas serán los primeros en utilizar calcomanías en el país
Más bien, se ordena y obliga a los diputados de los últimos tres períodos a apersonarse al TSC, la próxima semana, para presentar la documentación y liquidación que tenga en sus manos para que el tribunal inicie las auditorías documentales y auditorías de campo.
“Hay que dejar claro que este decreto no abarca a personas que tienen que ver con el tema del Seguro Social y otro tipo de acusaciones como actualmente tienen en los tribunales de la República, es más después de estas auditorías el TSC va a empezar a establecer el grado de responsabilidad en que pudiera haber incurrido cualquier tipo de funcionario de este poder del Estado que ocupó el cargo de diputado, desde la responsabilidad administrativa, responsabilidad civil hasta llegar hasta la responsabilidad penal, es decir, tiene una gran tarea el tribunal durante tres años a partir de la próxima semana”, puntualizó Zambrano.
