La clase obrera rechazó ayer la propuesta del presidente Porfirio Lobo de privatizar o ceder a una empresa la administración de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, advirtió que el planteamiento del gobierno representa 'poner en bandeja de plata' la ENP al sector privado.
Lobo Sosa planteó la semana anterior a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la portuaria que la administración de la institución pase al sector privado, como medida para acabar con el saqueo y los actos de corrupción que se han cometido en las últimas administraciones.
Este plan ha sido calificado por el sector obrero como una privatización. 'Privatizar la Empresa Nacional Portuaria sería en vez de mejorar o mantener un patrimonio del Estado, del gobierno y del pueblo hondureño, es ponerle en bandeja de plata la portuaria a los grupos de empresarios que todos conocemos', aseveró el dirigente sindical.
'La portuaria ha sido una empresa que ha sido manejada en su gran mayoría por empresarios, con gente proveniente del sector privado, ni siquiera políticos, obviamente hay una serie de intereses que están de por medio. Estos son comerciales y de negocios, lo que ha provocado que la empresa esté al borde del abismo', lamentó Durón.
El Presidente de la República se sentará mañana con los trabajadores, quienes se comprometieron la semana anterior a analizar el planteamiento de privatización de la administración de la ENP y a elaborar propuestas que permitan recuperar la institución.
El informe y podredumbre
La profunda crisis que atraviesa la portuaria está evidenciada en dos informes que revelan cómo en los últimos años se han dilapidado los recursos de la institución sin que nadie proceda a castigar a los responsables.
EL HERALDO publicó en exclusiva el pasado 25 de octubre el contenido del informe preliminar que fue elaborado por la Comisión Interventora del gobierno, el cual revela una escandalosa sobrevaloración de equipos y repuestos y un alto grado de deterioro que enfrenta la ENP de Puerto Cortés.
El documento menciona casos como la compra de interruptores 'push boton' a un costo en factura de 22,400 lempiras, cuando el valor en el mercado es de apenas 1,570 lempiras. Otro informe del TSC también revela cómo en las últimas administraciones se despilfarraron casi 30 millones de lempiras por irregularidades como contratación ilegal de personal, paracaidismo, pagos de servicios indebidos y compras anómalas al interior de la ENP.
No hay privatización
Consultado sobre la propuesta de privatización, el mandatario de la República aclaró que 'privatizar jamás'. Lobo Sosa dijo que el Estado es el dueño de la portuaria y habló de concederle una parte al sindicato, otra a la universidad y también a la ciudad de Puerto Cortés.
'El Estado es el dueño, lo que sí puedo hacer yo es darle una parte al sindicato que se lo merece porque su vida la han dedicado a trabajar ahí y hemos pensado en darle otra parte, por ejemplo, a las universidades y hacer una empresa que sea dueña del bien, la ciudad de Puerto Cortés también tiene derecho, que sean los dueños del bien', dijo.
El titular del Ejecutivo urgió 'sacar de ahí de la administración todos los temas que le han hecho daño, que es el manejo politizado de la institución y que sea una organización totalmente técnica profesional'.
El mandatario advirtió que de no tomar medidas Honduras podría perder la certificación de Puerto Cortés.
'Recuerde que si no se hace así corremos el riesgo de ser decertificados y además de esto ya estamos perdiendo capacidad de competir con otros puertos que están abriéndose en diferentes lugares como operadores internacionales experimentados, entonces tenemos que cambiar para ser competitivos y que Puerto Cortés sea de nuevo el puerto insigne de Centroamérica'.
MP inicia esta semana auditoría en la ENP
Una delegación de la Fiscalía contra la Corrupción viajará esta semana a la sede de la ENP para practicar una auditoría forense. Recientemente, el Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público informes que develan irregularidades que se tipifican como responsabilidades penal.
El expediente señala presuntas irregularidades, pero no acompaña pruebas necesarias para interponer acusaciones ante los tribunales, expresó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.
Por tal razón, Salgado anunció que en esta semana se desplazará un equipo de auditores a la ENP para recabar evidencias, como las de tipo documental y testifical.
Explicó que la auditoría de cumplimiento legal, que practicó el TSC en la Portuaria, carece de contundencia para interponer una acción penal.
'Eso indica que tenemos que hacer una evaluación desde el punto de vista de una auditoría forense para poder sustentar estas acciones ante los tribunales', manifestó. La auditoría forense permanecerá en la ENP el tiempo que sea necesario, podría ser de una a dos semanas. 'El Ministerio Público es un ente serio, cuando inicia una investigación tiene que acreditar cada elemento, porque estaría favoreciendo la impunidad en estos casos si no se hace un trabajo profesional', expresó.
Se investigan delitos ligados a corrupción, entre ellos, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos. La Fiscalía y el TSC coordinaron sustentar auditorías en próximas denuncias.
