La condena contra Mejía fue dictada en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional por unanimidad de votos mediante un acuerdo de estricta conformidad entre las partes procesales.
La condena de diez años de prisión se extiende a su esposa, Waldina Lizeth Salgado Pérez. A ellos se les impuso una millonaria multa de 249.5 millones de lempiras, equivalente al 150 por ciento del valor lavado.
En este proceso fue condenado a ocho años de reclusión el hijo de ambos, Roberto Mejía Salgado. A él se le impuso una multa de 4.5 millones de lempiras equivalentes al cien por ciento del valor lavado.
La justicia hondureña concluyó que estos personajes fueron contadores importantes del cartel de Los Cachiros.
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El abogado Francisco Arturo Mejía creó la escritura de constitución de la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), fundada por el cabecilla del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga en 2009.
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Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar Inrimar y otras empresas ligadas al cartel de Los Cachiros.
Durante el gobierno de Porfirio Lobo, la empresa Inrimar obtuvo jugosos contratos con el Estado para la construcción de carreteras.
Inrimar fue asegurada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio el 17 de septiembre de 2013 por suponerle un bien adquirido con fondos procedentes del narcotráfico.
