TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de evacuar los medios de prueba, presentación de testigos y de resolver recursos de nulidad de ambas partes procesales, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción agendó para el 26 de enero la lectura del fallo sobre el juicio oral y público contra Marco Bográn y Alex Moraes.
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Los dos exejecutivos de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) son acusados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, esto en relación a la compra irregular de 474,000 mascarillas que serían usadas por personal de primera línea durante el inicio de la pandemia del covid-19.
Las defensas de los imputados pidieron la absolución de sus representados.
Ambos procesados se encuentran recluidos luego que el pasado 29 de septiembre de 2021 la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le modificara las medidas sustitutivas a Moraes Girón y a otros cuatro involucrados, actualmente prófugos de la justicia: el contador general de Invest-H, Carlos Luis Guevara; la especialista administrativa, Bessy Roxana Rodríguez y las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.
La condena que en juicio oral y público se pretende obtener contra el exdirector de Invest-H y su exadministrador es por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios porque desembolsaron más de 50 millones de lempiras en la compra de las mascarillas.
Otro implicado en el caso es el propietario del Grupo G y T y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos, prófugo de la justicia con alerta roja internacional.
“Mascarillazo”
De acuerdo con las investigaciones, entre abril y mayo de 2020, el Estado realizó la compra de equipo de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de entregar dichos instrumentos al personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
Las órdenes de compra tenían un monto de L.50,836,500.00 millones de lempiras y luego por L.39,396,000.00 millones de lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. L. 37,989,000.00 millones de lempiras.
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