TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de un año, siete meses y diez días, el capitán en condición de retiro por baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras, Santos Orlando Rodríguez Orellana podrá gozar de libertad luego de ser absuelto por un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
La misma decisión de este Juzgado recayó sobre la esposa del exoficial, Jennifer Lizzeth Bonilla Bonilla y también sobre la suegra de Santos Rodríguez, la señora Reina Lizeth Bonilla Márquez.
Esta judicatura que conoció la causa en contra de los tres imputados determinó, por unanimidad de votos, absolverlos de toda responsabilidad penal o culpa, por insuficiencia en la prueba presentada por el Ministerio Público (MP), medios que fueron evacuados en el juicio oral y público.
Santos Rodríguez, Jennifer Bonilla y Reina Bonilla fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos.
Según las indagatorias del ente acusador del Estado, por las que se formuló la acusación formal, los tres encausados entre 2010 y 2020 habrían lavado activos que superaron los 238 millones de lempiras en detrimento de la economía del Estado de Honduras.
Por ello, el 4 de noviembre de 2021, en dos operaciones diferentes, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvieron a Santos Rodríguez y a su esposa Jennifer Bonilla, en el aeropuerto Toncontín, cuando regresaban de hacer proselitismo político en la isla de Roatán.
Casi de forma simultánea, otro grupo de efectivos de la ATIC detenía en una gasolinera de Santa Rosa de Copán, a doña Reina Bonilla, por la misma acusación de lavado de activos.
Desde ese día los tres miembros de esta familia fueron apresados y enviados a prisión. En el caso de Santos Rodríguez fue recluido en el Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que las dos damas, en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (Pnfas).
Acusaciones
En sus alegatos, el Ministerio Público presentó pruebas en juicio que la señora Reina Bonilla habría movido en transacciones bancarias más de 485 millones de lempiras entre 2015 y 2021.
Estas actividades bancarias se habrían dado, en su mayoría, por la compra venta de insumos alimenticios entre la señora Reina Bonilla y las Fuerzas Armadas de Honduras. Al final la ilicitud denunciada por el MP no fue comprobada mediante sus medios de prueba.
Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que el excapitán, cuando era miembro activo de las Fuerzas Armadas, realizó operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Constaba en las acusaciones del MP, que Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y que según testigos estuvo involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En el análisis financiero presentado en juicio por el ente acusador del Estado, Santos Rodríguez recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron ingresos en el periodo de 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.
Todas esas pruebas presentadas y evacuadas por el Tribunal en presencia de ambas partes procesales, acusadores y defensores, fue desestimada por la terna de jueces “por insuficiencia en la prueba presentada y evacuada”, determinaron.
El Ministerio Público (MP) tiene la opción de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional que emitió el veredicto antes de que el mismo quede con carácter de firme.
