Tegucigalpa, Honduras.-Inadmisible declaró este miércoles un tribunal de sentencia la querella interpuesta por el ministro de Finanzas, Christian Duarte, contra de Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces.

Así lo dio a conocer el Colegio de Periodistas de Honduras en su cuenta de X, donde celebraron que este acto en contra de la libertad de expresión no haya prevalecido.

"Hoy se ha reafirmado un principio fundamental en toda sociedad democrática: la verdad y la libertad de expresión han prevalecido. El Tribunal de Sentencia, en un fallo trascendental, ha declarado inadmisible la querella interpuesta por el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro contra Radio Cadena Voces y el periodista Dagoberto Rodríguez, al considerar que los hechos denunciados no constituyen delito", detallaron.

Agrega que "este pronunciamiento no solo fortalece el ejercicio periodístico y la labor de los medios de comunicación, sino que también sienta un precedente jurídico relevante en la defensa de la libertad de prensa en Honduras. Con ello, se ratifica que el derecho a informar y a fiscalizar la gestión pública es un pilar esencial en un Estado de derecho y que ningún funcionario está exento del escrutinio ciudadano".

"El fallo del Tribunal es una clara señal de que la justicia debe actuar con independencia y en estricto apego a la Constitución y los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión. Esta decisión marca un hito en la historia del país, recordándonos que la prensa libre es una garantía irrenunciable en cualquier democracia que aspire a consolidarse", asevera el CPH en su publicación.

La acción legal fue presentada el pasado miércoles 19 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El funcionario argumentó que la querella la interpuso por dos delitos: injurias y calumnias.

Por el delito de injurias, Duarte señaló que Rodríguez difundió "información falsa e inexacta, con graves consecuencias en la dignidad, respeto y honorabilidad de quienes hemos interpuesto la denuncia".

Añadió que hubo "graves efectos sobre la percepción de la institución y su capacidad de cumplir con los compromisos financieros del gobierno, lo cual constituye también un grave riesgo para los activos de la República".

La querella también se interpuso, según el titular de Finanzas, por el delito de calumnias "al acusarnos públicamente al tesorero general y a mí de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún documento, sin ningún sustento, por el contrario, con temerario desprecio por la verdad”.