TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no ha remitido durante este año ningún expediente con indicios del delito de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público (MP) para ser judicializados.
Así lo certifica el oficio TSC-DC-OAIP-41-2018, del ente contralor del Estado emitido ante una petición de información hecha por EL HERALDO. “Hasta la fecha la Secretaría General no ha remitido expedientes con presunción de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público”, indica el oficio, firmado y certificado por el ingeniero Ever Bueso, oficial de Información Pública del TSC.
En abril pasado, el magistrado del TSC, Roy Pineda, aseguró que estaban investigando a unos 25 funcionarios del gobierno salpicados por enriquecerse con dinero público. Pineda afirmó que entre los investigados figuran diez miembros de la Policía Nacional y 15 exfuncionarios estatales.
Sin embargo, a seis meses de la aseveración del magistrado, ninguno de estos fue remitido al MP para su respectiva investigación y judialización.
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El magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, salió al paso y anunció que en el mes de noviembre entregarán al Ministerio Público siete nuevos expedientes de casos de enriquecimiento ilícito.
El funcionario reveló que los expedientes involucran a exfuncionarios de la administración pública y al menos dos altos oficiales de la Policía Nacional.
“Será a mediados de noviembre que serán presentados los sietes casos en investigación, fueron funcionarios públicos y creo que uno o dos expolicías de alto rango, también investigaciones de otros agentes de la escala básica, pero no se les encontró nada”, señaló el funcionario.
Los nombres de estas personas no se dan a conocer hasta que los expedientes son presentados en la Fiscalía, indicó.
Descartó que “sean de la actual administración, será difícil porque es cuando hay denuncia directa y en este caso no lo hay, y hasta que dejan los puestos es que pueden ser que salgan ese tipo de responsabilidades”.
Cuestionamiento
El hecho de que el ente contralor no haya enviado durante este 2018 expedientes al MP con indicios de enriquecimiento ilícito genera desconfianza en diversos sectores de la sociedad civil, quienes advierten que mantener engavetados ese tipo de informes genera más impunidad de la que ya existe.
“El pleno de magistrados no hará absolutamente nada en términos de avances, cambios, que pueda afectar la agenda de impunidad de los políticos que están procesados o en investigación”, cuestionó Lester Ramírez, representante de la sociedad civil.
Criticó que el TSC debe revisar la capacidad de su liderazgo y el planteamiento estratégicos que tienen.
“Estamos viendo que se están yendo a auditorías municipales y a municipios pequeñitos, dijo Ramírez.
Instó a los magistrados a que “en estos tiempos de alta corrupción e impunidad, lo que tienen que estar haciendo es fortaleciendo la detección e investigación de actos de corrupción a través de los mecanismos de control”.
Lamentó que “estamos cada vez más acumulando mayor impunidad, el TSC se ha convertido en una de las principales fuentes de la impunidad en el país”.
Los magistrados del TSC, son Ricardo Rodríguez, Roy Pineda y José Juan Pineda Varela.
Pobres resultados
En los últimos tres años, el TSC solamente ha remitido 14 expedientes a la Fiscalía, según datos del Observatorio de Justicia Penal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
En 2015, se remitieron siete informes al MP, que revelan que funcionarios y exfuncionarios se apropiaron de 12.5 millones de lempiras.
Esta cifra se quintuplicó en 2016, ocasionando un perjuicio al Estado de 66 millones de lempiras en solo cuatro casos.
En 2017, el TSC solamente remitió tres expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito. En estos casos, se ven involucrados exfuncionarios, funcionarios y oficiales de la Policía.
Y se espera que en el mes de noviembre otros siete casos sean remitidos al MP, para su respectiva judicialización.
Otros datos relevantes del Observatorio de la Maccih, es que entre 2011 y 2016, solamente fueron acusados cinco funcionarios por el delito de enriquecimiento ilícito.
Mientras que cifras del Poder Judicial indican que por este delito en 2017 y 2018, solamente fueron encontrados culpables dos exfuncionarios.
Se trata del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, condenado a nueve años de prisión y Marco Tulio Bulnes Ramírez, exadministrador General de la Dirección de Servicios Especiales Preventiva de la Secretaría de Seguridad, encontrado culpable por este delito.
