El diputado nacionalista Tomás Zambrano introdujo una iniciativa de ley al Congreso Nacional con el objetivo de prohibir la aplicación de la figura de medidas cautelares sustitutivas de prisión.
La prohibición se aplica para los delitos de homicidio, asesinato, parricidio, aborto, violación, lujuria, trata de personas, pornografía infantil y delitos contra la salud pública.
Asimismo,, propone que no se podrá beneficiar con el otorgamiento de medias sustituidas de prisión preventiva a quienes cometan el delito de secuestro, tráfico de personas, tortura con daños graves, violación de secretos por funcionarios o empleados públicos, robo de vehículos, extorsión, incendio, delitos contra medios de comunicación, falsificación de moneda y traición.
El proyecto de ley presentado por Zambrano reforma por adición el decreto No. 9-99, del 19 de diciembre de 1999, contentivo del Código Procesal penal, adicionándole un nuevo artículo bajo la denominación del 184-A.
Tampoco los jueces podrán dictar la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva cuando se provoque la ruptura de relaciones de
Honduras con otros u otros países, el magnicidio de jefes de Estado o de gobierno, genocidio, dar muerte a un presidente de un poder del Estado, ofensa a la integridad corporal del presidente de la República, delitos contra la forma de gobierno, asociación ilícita, fabricación y tráfico de materia de guerra, armas y municiones, terrorismo y financiación de terrorismo.
También por los delitos de rebelión para los promotores, dirigentes y cabecillas, contrabando y defraudación fiscal, delitos financieros, delitos relacionados con el tráfico de drogas, estupefacientes y delitos relacionados con el lavado de activos.
El proyectista adujo en su exposición de motivos que su iniciativa se fundamenta en que las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva se han convertido para muchos en una forma de evadir la justicia, jugando a favor de la impunidad.
El diputado Mario Pérez, de la Comisión de Dictamen, anunció que este proyecto será turnado a la Corte Suprema de Justicia para conocer su opinión jurídica.
