TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos abogados y una experta en ciberseguridad son los encargados de liderar la intervención en el Instituto de la Propiedad (IP) luego que la presidenta de la República, Xiomara Castro, denunciara erogaciones por más de L18,000 millones sin registros fiables y violando la ley.
Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, comisionado presidente, es un abogado que en 2018 presentó una demanda laboral contra el Estado por concepto de pagos de prestaciones a un grupo de empleados de la alcaldía de El Rosario, Olancho.
La demanda 014-2018 con registro en la Secretaría de Finanzas detalla que se pidieron prestaciones por un monto de 4.4 millones de lempiras.
Por su parte, la interventora Jennifer Carolina Tercero es experta en ciberseguridad y trabajó en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNIE). Lenín Francisco Funes completa la comisión interventora siendo un abogado con una especialidad en derecho penal, quien se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Seguridad.
Colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) que trabajan en el IP detallaron que este último interventor es hijo del director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, miembro del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. EL HERALDO contactó a Funes para corroborar este extremo, pero no respondió.
Diversos sectores han cuestionado la llegada de otra interventora a las instituciones públicas y afirman que lo importante es saber si los tres designados tienen experiencia en el trabajo asignado.
“Me parece a mí que debe haber una experiencia y creo que quien debería de intervenir es la ATIC porque según lo que veo es que hay corrupción y no es tema de incompetencia o incapacidad”, dijo Lester Ramírez, abogado y exdirector de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa.
