Tegucigalpa, Honduras
El decomiso de documentación y de un equipo de cómputo al momento de la incautación de una residencia a la familia Matta Waldurraga, así como en un allanamiento de otra vivienda en aldea El Chimbo, llevó a que la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) abriera otra línea de investigación contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Según una fuente del Ministerio Público, la información obtenida servirá para fortalecer la acusación contra Bonilla, en lo referente a la comisión de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
La documentación y los equipos informáticos decomisados presuntamente pertenecen a una asociación que tiene su oficina central en Juticalpa, Olancho, pero que al momento de la Operación Terremoto, el 19 de junio de 2017, ocupaba la residencia de la familia Matta Waldurraga, ubicada en la colonia Payaquí.
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Igualmente, algunas pertenencias son del director ejecutivo de esta organización que recibió fondos de la Secretaría de Finanzas y de la Casa Presidencial entre el 2010 y el 2014.
El director ejecutivo es un mexicano que -según las indagaciones de las autoridades- habría lavado dinero proveniente de la oficina de la Primera Dama; incluso manejó al menos dos proyectos sociales en Olancho por un monto de 400 mil dólares, unos 9.2 millones de lempiras, recursos donados por Taiwán.
“En el equipo informático había información de transferencias de cheques, de pagos, de proyectos de la ONG con el Ejecutivo”. “Esta ONG trabaja con la oficina de la Primera Dama en proyectos donde se desembolsaba mucho billete”, explicó la fuente oficial.
El mes pasado, el Poder Judicial nombró un perito para que indagara un disco duro que contiene información sobre la presunta sustracción de recursos de la oficina de la ex primera dama.
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Transferencias
La fuente, que por su seguridad pidió no revelar su nombre, aseguró que la asociación antes mencionada recibía muchos recursos de la Secretaría de Finanzas.
Según averiguaciones de EL HERALDO, el 28 de octubre de 2011 la Secretaría de Finanzas le transfirió a la aludida asociación dos millones de lempiras.
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Por otra lado, el 6 de noviembre de 2012 la Secretaría del Despacho Presidencial le transfirió otros 3,980,000 lempiras
De la misma manera, el 17 de diciembre de 2013 también se le hizo una transferencia de cinco millones y el 27 de ese mismo mes se le depositaron otros 683 mil lempiras.
Antecedentes
El mexicano que actualmente está bajo investigación, en documentos firmados en 2014 aparece como director ejecutivo de la asociación, que supuestamente tenía grandes nexos con la oficina de la ex primera dama Bonilla de Lobo.
En mayo de 2014, el extranjero fue denunciado ante el Ministerio Público por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que lo acusó del delito de apropiación indebida al realizar personalmente una operación de cambios de cheques por la cantidad de 10,000,000 de lempiras.
El 31 de marzo de 2014, Banadesa pagó en efectivo diez millones de lempiras de unos cheques emitidos por una empresa en la cual el extranjero también aparece como secretario. Posteriormente, el banco pudo recuperar 7,600,000 lempiras, quedando una diferencia de 2,600,000 lempiras que el mexicano se comprometió a pagar en tres cuotas que no cumplió.
Como el juicio contra Bonilla de Lobo y su red todavía está en primera etapa, la información que se sustraiga del equipo informático llegará a los juzgados cuando los fiscales determinen que es el momento.
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Capturas
El Ministerio Público ejecutará más órdenes de captura en contra de funcionarios y exfuncionarios, supuestamente implicados en actos de corrupción. Los requerimientos fiscales implicarían a altos exfuncionarios y familiares de funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo.
Así lo reveló a EL HERALDO una fuente ligada al proceso de investigación.
De ser capturados, estos exfuncionarios serían puestos a las órdenes de los jueces en materia de corrupción.
Esta línea es derivada de la primera investigación, por la que ya se encuentran procesados y con arresto preventivo la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su cuñado Mauricio Mora.
Por este caso, se entregó a la justicia Saúl Escobar, a quien un juez le dictó la medida de detención judicial.
Esta segunda etapa de acusaciones traerá consigo una serie de aseguramientos de lujosos bienes muebles e inmuebles, informó la fuente a EL HERALDO.
Sin dar mayores detalles, dijo que no se descarta que se emitan requerimientos fiscales contra ex funcionario del Instituto de Formación Profesional (Infop), por supuestos actos de corrupción.
