TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Policía Nacional presentó este jueves en Casa Presidencial el plan antiextorsión nacional con el objetivo de combatir el flagelo que azota al país.
En el evento estuvo la presidenta Xiomara Castro, quien declaró que “la extorsión está inmersa en diferentes áreas de nuestro país, es una de las principales causas de la migración y cierre de pequeños y medianos negocios. Con la presentación del plan, este gobierno le declara la guerra a la extorsión, así como le declaramos la guerra a la corrupción y narcotráfico”.
Asimismo, Castro precisó que “mi compromiso es devolverle la seguridad al pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria. Contaremos con un sistema de investigación e inteligencia bancario”.
Siguiendo su discurso, Castro Sarmiento declaró emergencia nacional por la inseguridad y estableció suspensión de garantías constitucionales.
“Declaro emergencia nacional en seguridad nacional e instruyo a la Policía a establecer estados de excepción y suspender garantías constitucionales donde se amerite. Ordeno que los controles en fronteras deben hacerse con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar”, acotó.
Castro también dio la directriz a Conatel para controlar la venta de chips para teléfonos, proceso que se hará únicamente con identificación.
“A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecer las medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas”, cerró.
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Extorsión en Honduras
La extorsión se volvió en Honduras una industria muy violenta que recoge anualmente alrededor de 737 millones de dólares, unos 18,270 millones de lempiras, equivalente al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 14.7% de la recaudación fiscal.
“Estimamos que en Honduras se pagan alrededor de USD 737 millones al año por extorsión. Esto representa el 16% de la recaudación tributaria para Honduras en 2022. Ese cálculo lo desarrollamos para este estudio con base en el análisis minucioso de expedientes judiciales. De otra forma, sería difícil aproximar cuánto se paga en extorsión”.
Así lo expone una investigación denominada “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, realizada por Andreas R. Daugaard, Edgar Aguilar y Juan Martínez D’Aubuisson, para Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la asistencia en el trabajo de campo de Angélica Figueroa. El estudio tuvo la supervisión y revisión de Kurt A. Ver Beek.
El equivalente de la extorsión en lempiras se obtuvo de la conversión de 24.79 precio actual del dólar frente al lempira. De acuerdo con el estudio, cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3,568 dólares, que en moneda nacional serían 87,427 lempiras.
A nivel regional, Honduras, Guatemala y El Salvador han sido severamente afectados por este tipo de actos, sin embargo, los datos reflejan que Honduras se quedó rezagada en su combate, por lo que el problema ha ido en aumento.
Incluso la incidencia de la extorsión no ha disminuido, comparada con el contexto previo a la pandemia. Por el contrario, los resultados indican un ligero aumento de 8.5% a 9%. La situación es tan grave que 206,623 hogares han sido impactados en el último año. Esto equivale a alrededor de 847,154 niños, niñas, jóvenes, y adultos perjudicados por este tipo de robo, proyectan los investigadores.
La extorsión es un fenómeno que se ha generalizado en el territorio. El 10.6% de los hogares urbanos y 7% de hogares rurales son víctimas de este delito. El costo real de la extorsión va mucho más allá que el daño meramente económico. La extorsión aumenta la inseguridad, motiva la migración, financia a grupos criminales, desincentiva la inversión y contribuye a la desescolarización, precisa la investigación.
